Nuevas exigencias para los 0 km: el Gobierno flexibiliza la homologación y redefine los controles de seguridad
El Gobierno de Javier Milei modificó el esquema de requisitos que deben cumplir los vehículos 0 km, tanto de fabricación nacional como importados, antes de ser comercializados y puestos en circulación. La reforma alcanza a automóviles, acoplados y semiacoplados y redefine el sistema mediante el cual se certifican sus condiciones de seguridad y de impacto ambiental.
La medida quedó establecida en el Decreto 796/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el artículo 28 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. A partir de ahora, los vehículos de producción seriada deberán contar con dos certificaciones: la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), vinculada con la seguridad vial, y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), relacionada con las exigencias ambientales.
La responsabilidad de otorgar ambas licencias quedará repartida entre organismos del Gobierno. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía tendrá a su cargo la LCM, mientras que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete será responsable de la LCA. Ambos organismos podrán establecer disposiciones complementarias y aplicar sanciones cuando corresponda.
Los fabricantes e importadores deberán demostrar que cada modelo cumple con las condiciones de seguridad activa y pasiva y con las normas ambientales vigentes. Para ello deberán presentar documentación y declaraciones juradas siguiendo el procedimiento establecido en el decreto. También podrán reconocerse certificaciones otorgadas por organismos nacionales o internacionales considerados válidos.
Uno de los cambios de mayor impacto está relacionado con la posibilidad de aceptar homologaciones bajo estándares internacionales. El decreto contempla, entre otros mecanismos, la validación de vehículos certificados bajo las normas de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos, mediante el sistema conocido como Blue Ribbon Letter. Para acceder a este mecanismo deberán identificarse correctamente la marca, el modelo y el número VIN del vehículo.
El Gobierno sostiene que esta alternativa permitirá garantizar un nivel de seguridad equivalente al de los vehículos comercializados en Estados Unidos y considera que el sistema de autocertificación de los fabricantes puede funcionar como un mecanismo equivalente al esquema de homologación argentino.
Sin embargo, el cambio también abre un debate sobre el alcance del control estatal. La posibilidad de reconocer certificaciones externas y avanzar hacia mecanismos de autocertificación puede agilizar el ingreso y comercialización de nuevos modelos, pero al mismo tiempo coloca una mayor responsabilidad sobre fabricantes e importadores y obliga a las autoridades nacionales a fortalecer los mecanismos de fiscalización.
En cuanto a las autopartes, piezas y componentes destinados a automóviles, acoplados y semiacoplados, el decreto establece que podrán producirse e importarse libremente, sin autorización previa. La flexibilización no elimina las obligaciones técnicas: fabricantes e importadores continuarán siendo responsables de garantizar que esos elementos cumplan con las especificaciones establecidas en la normativa.
El nuevo esquema apunta, en definitiva, a simplificar los procedimientos de homologación y facilitar la incorporación de vehículos y componentes al mercado argentino. El punto clave será determinar si la mayor flexibilidad administrativa logra convivir con controles efectivos que garanticen que la reducción de trámites no termine debilitando los estándares de seguridad para quienes circulan por las rutas y calles del país.
