Murió Araceli Julio, víctima del ajuste: el Estado interrumpió su tratamiento oncológico pese a una orden judicial

La cantante Araceli Julio murió el miércoles 9 de julio a los 39 años, en el Hospital Central de San Isidro. La noticia no solo sacude al mundo de la música, donde dejó una huella profunda como vocalista de la emblemática banda de ska Satélite Kingston, sino que también expone con crudeza el rostro más brutal del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei: un Estado que retira tratamientos a pacientes oncológicos, incluso desobedeciendo fallos judiciales.

Araceli no murió solo de cáncer. Murió de abandono estatal. Su lucha no fue únicamente contra una enfermedad agresiva, sino también contra una burocracia despiadada que le quitó la medicación indispensable para vivir.

A principios de 2024, hizo público que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), organismo del Ministerio de Salud, le había interrumpido la provisión de fármacos oncológicos. Presentó un recurso de amparo, la justicia falló a su favor, pero el Estado apeló. La restitución de los medicamentos llegó demasiado tarde.

¿Cómo se explica que una paciente con un fallo judicial a su favor no haya recibido a tiempo el tratamiento? ¿Qué valor tiene una vida cuando el Estado elige ahorrar en salud pública? El caso de Araceli Julio es más que una tragedia personal: es un símbolo de lo que ocurre cuando el ajuste se aplica con violencia ciega sobre los sectores más vulnerables.

Araceli era madre de dos hijes, artista multifacética, reconocida por su sensibilidad, su militancia y su compromiso social. Con Satélite Kingston, una de las bandas fundamentales del ska argentino, grabó tres discos y participó en giras nacionales e internacionales. Pero su historia terminó en un hospital público, a la espera de una medicación que el Estado decidió dejar de entregar, en nombre de la «libertad» económica.

Su muerte no puede entenderse sin contexto. Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional viene aplicando un recorte feroz en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social. La DADSE ha sido una de las oficinas más golpeadas por este vaciamiento: despidos masivos, paralización de expedientes, demora o negativa directa en la entrega de tratamientos vitales. Las consecuencias son tan previsibles como inhumanas.

Ajustar sobre pacientes oncológicos no es eficiencia; es crueldad planificada. En el país de Araceli, la justicia puede ordenar que te den la medicación, pero el Estado decide si te la entrega. Y si no lo hace, te morís.

La pregunta que queda flotando, incómoda, desgarradora, es: ¿cuántas muertes más se necesitan para que el ajuste deje de ser una política y empiece a ser reconocido como lo que ya es en los hechos: una forma de violencia institucional?

El legado de Araceli Julio no puede terminar en la tristeza. Su voz, ahora silenciada, exige que el país entero escuche. Porque su historia no es una excepción: es la muestra más cruda del precio humano del desmantelamiento del Estado.