Milei vuelve al país con una valija de inversiones, a no, pará, es una carpeta con ajustes
El libertario acelera el plan motosierra a menos de un mes para que venza el plazo de las facultades delegadas para que junto al ministro de Desregulación terminen de hacer los recortes planificados. Al regreso de su paseo por Europa e Israel, ni bien pise la Rosada, una batería de medidas lo espera en su despacho con el propósito de cerrar áreas vitales del Estado y centralizar funciones.
Luego de sumar millas en la gira internacional más extensa de su presidencia, Javier Milei regresa al país con una agenda repleta de urgencias políticas y administrativas. Es que el Gobierno tiene menos de un mes para firmar y ejecutar un paquete de 13 decretos que se sabe son imprescindibles, antes de que expiren las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, promulgada el 8 de julio de 2024.
Las medidas, que buscan continuar con el desguace del Estado, requieren la firma directa del presidente. La posibilidad de avanzar sin necesidad de pasar por el Congreso fue una de las mayores victorias legislativas del oficialismo el año pasado. Pero esa ventana se cerrará pronto y en el entorno libertario son conscientes de que el margen político actual no permite dilaciones.
Entre los decretos en carpeta se destacan reformas estructurales en organismos del Estado, con foco en el Ministerio de Salud, Capital Humano y Economía. También figura la reestructuración del INTA, un instituto con más de 6.000 empleados y 450 sedes. El Gobierno planea ajustar su presupuesto, recortar personal, vender propiedades y modificar su esquema de gobernanza. A la par, están bajo revisión entidades como Senasa, ANMAT y ANAC.
Una transformación ya realizada bajo estas facultades fue la del Banco Nacional de Datos Genéticos, que pasó a ser un organismo desconcentrado. La lógica, dijo el ministro Federico Sturzenegger, es eliminar burocracias duplicadas: «Un organismo descentralizado tiene su propia contabilidad, compras, liquidación de sueldos. Todo eso puede ser absorbido por áreas centrales», justificó.
Los borradores de estos decretos pasan por un filtro técnico que ralentiza su salida. Primero son revisados por los equipos legales del área afectada, luego por el Ministerio de Desregulación y finalmente por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, la funcionaria que tiene la última palabra antes de que un decreto llegue al escritorio presidencial.
Según un informe reciente del Ministerio de Desregulación, el Estado nacional cuenta con 111 organismos: 40 desconcentrados y 71 descentralizados, con 477 autoridades superiores. El plan es reducir esa estructura en nombre de la eficiencia y el ahorro: la dotación del Estado bajó en 30.000 personas en el último año, pasando de 322.197 a 292.801 contratados.
Una incógnita que sobrevuela en el gabinete es qué ocurrirá con el propio Ministerio de Desregulación, que nació para aprovechar las facultades extraordinarias. Algunos en la Casa Rosada especulan con que podría transformarse una vez vencido ese período. En adelante, Sturzenegger quedaría limitado a sugerir reformas a otras carteras, sin la autonomía que le otorgaban los DNU.
