Michelli fue avalada por el Senado, pero su nombramiento sigue en manos de Milei

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar el decreto que formaliza la designación, profundizando así un nuevo capítulo de tensión entre el Poder Ejecutivo y el proceso de cobertura de vacantes judiciales.

Pese a que el Senado dio luz verde al pliego de la jueza María Verónica Michelli, el Gobierno nacional dejó abierta la posibilidad de impedir su llegada al Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata.

«La aprobación del Senado habilita al Presidente, pero no lo obliga», sostuvo el funcionario, quien evitó precisar cuándo podría concretarse la firma necesaria para que la magistrada asuma el cargo. Según explicó, la decisión dependerá de que el Gobierno considere que existe el «momento oportuno» para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia.

Las declaraciones de Mahiques llegaron apenas horas después de que el oficialismo intentara retirar el pliego de Michelli antes de su tratamiento parlamentario, una maniobra que no prosperó y que expuso diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. A pesar de ello, el ministro rechazó las críticas y relativizó la controversia al sostener que el retiro de candidaturas judiciales ha sido una práctica habitual de distintos gobiernos desde el retorno democrático.

Para el titular de Justicia, se trata de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo y no de una situación excepcional. Incluso reconoció que Michelli había sido incluida en las ternas elevadas al Presidente, aunque recordó que la decisión final sobre cada nombramiento continúa siendo una facultad exclusiva del jefe de Estado.

Mahiques también negó que el intento de frenar la designación estuviera relacionado con supuestos vínculos personales o profesionales atribuidos a la magistrada. Según afirmó, el Gobierno nunca explicitó públicamente las razones detrás de la intención de retirar el pliego.

En su defensa, el ministro apeló a antecedentes de administraciones anteriores y recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández fue retirado el pliego de su hermano, Ignacio Mahiques, quien aspiraba a convertirse en juez federal de Mercedes. Según argumentó, aquella decisión no generó el mismo nivel de cuestionamientos políticos ni mediáticos.

Más allá de la polémica puntual, el funcionario intentó encuadrar el debate en un problema estructural del sistema judicial. Destacó la reciente aprobación de 74 pliegos y sostuvo que la Justicia atraviesa una situación crítica debido a una vacancia cercana al 37% de sus cargos, una cifra que, según su visión, compromete seriamente el funcionamiento institucional.

Sin embargo, el caso Michelli deja planteado un interrogante de fondo: hasta qué punto una designación respaldada por el Senado puede quedar condicionada a la voluntad política del Poder Ejecutivo. La posibilidad de que el Gobierno decida no avanzar con una candidata ya aprobada reabre el debate sobre los límites de las facultades presidenciales y el delicado equilibrio entre los poderes del Estado.