Masiva protesta sindical contra una reforma laboral que profundiza la precarización y debilita derechos históricos

Las centrales sindicales anunciaron un plan de acción que incluye llevar el reclamo a legisladores y gobernadores, con el objetivo de frenar una reforma que consideran regresiva. La masiva movilización en Plaza de Mayo dejó un mensaje claro: el conflicto no es solo sindical, sino social y político. Lo que está en juego no es una simple modificación normativa, sino el modelo de país y de relaciones laborales que se pretende imponer.

Mientras el Senado avanza con el tratamiento acelerado de la llamada reforma laboral impulsada por el Gobierno, una multitud colmó este jueves la Plaza de Mayo en rechazo a un proyecto que, lejos de generar empleo genuino, amenaza con consolidar la pérdida de derechos de los trabajadores.

La movilización fue convocada por la CGT, ambas CTA y organizaciones sociales bajo una consigna clara: frenar una iniciativa que favorece al poder económico y traslada el costo de la crisis al mundo del trabajo.

La protesta se dio en un contexto de creciente deterioro social y productivo. Con más de 18 mil pymes cerradas, caída del empleo registrado y aumento de la informalidad, el proyecto oficial aparece desconectado de la realidad cotidiana de millones de personas. Sin embargo, en lugar de atender estas urgencias, la reforma propone flexibilizar indemnizaciones, modificar la jornada laboral, alterar el régimen de vacaciones y habilitar mecanismos como el banco de horas, que en los hechos reducen la estabilidad laboral y aumentan la discrecionalidad empresarial.

Desde la conducción de la CGT, Jorge Sola advirtió que el texto enviado al Congreso replica buena parte de los reclamos históricos del sector empresario, en particular de la UIA, sin contemplar la protección del trabajador como sujeto de derechos. Esta coincidencia no resulta casual: el proyecto se inscribe en una lógica de “modernización” que, en la práctica, implica retroceder décadas en conquistas laborales y avanzar hacia un modelo de empleo más barato, frágil y desregulado.

Otro de los puntos más cuestionados es la forma en que el oficialismo busca aprobar la ley. Según denunciaron los dirigentes sindicales, el Gobierno pretende un debate exprés, “a libro cerrado”, evitando la discusión profunda de cada artículo y excluyendo a los representantes de los trabajadores del ámbito donde se definen las normas que afectarán su futuro. Esta metodología no solo debilita la calidad democrática, sino que refuerza la idea de una reforma diseñada a espaldas de la sociedad.

La CGT fue contundente al señalar que el proyecto no prioriza ni el trabajo digno ni a los jubilados, y que tampoco se enfoca en hacer cumplir las leyes laborales vigentes. Por el contrario, se trata de un nuevo paso hacia la precarización y la informalidad, en línea con una política económica que ya ha demostrado generar empobrecimiento, caída del consumo y destrucción del entramado productivo nacional.