Marcha por el 8M, la lucha continúa: mujeres denuncian que el ajuste profundiza la violencia y la desigualdad
Entre consignas históricas contra la violencia de género, este año se sumó con fuerza la crítica a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, señaladas por las participantes como un factor que agrava la precariedad social.
La movilización por el Día Internacional de la Mujer volvió a reunir a cientos de manifestantes que marcharon desde el Congreso hasta la Casa Rosada con un reclamo central: el impacto de las políticas de ajuste en la vida cotidiana de las mujeres.
Antes del inicio formal de la marcha, la escena en las inmediaciones del Congreso mostraba pequeños grupos organizándose y reencontrándose.
Mujeres de distintas edades se reunían para participar de una jornada que, aunque mantuvo su carácter simbólico, evidenció una convocatoria menor a la de años anteriores. Aun así, los cánticos se escuchaban con claridad: “Paren de matarnos”, una consigna que sintetiza la persistencia del reclamo frente a los femicidios y la violencia estructural.
Entre las voces presentes, Mónica —comerciante— expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida. Señaló que el aumento de tarifas, impuestos y el costo de los servicios afecta de manera directa a los sectores populares. Según su mirada, el ajuste no solo impacta en la economía familiar sino también en el acceso a derechos básicos, lo que profundiza las desigualdades que ya atraviesan las mujeres y a los trabajadores.
La protesta también puso en el centro la realidad de las madres que sostienen solas la economía del hogar. Una joven participante relató que debe combinar varios trabajos para mantener a su hijo, en un contexto en el que el padre no aporta económicamente. Historias similares, compartidas entre las manifestantes, evidencian cómo la carga del cuidado y la subsistencia recae mayormente sobre las mujeres.
En paralelo, organizaciones de familiares de víctimas de femicidio realizaron un homenaje frente al Congreso para recordar a las mujeres asesinadas por violencia de género. El colectivo Ni Una Menos participó de la convocatoria con el lema “Unir todas las luchas contra el saqueo”, buscando vincular las demandas feministas con las problemáticas sociales y económicas más amplias.
A lo largo de la columna también se sumaron organizaciones sindicales y sociales como la Confederación General del Trabajo, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que marcharon en conjunto hacia la Casa Rosada. La articulación entre sindicatos y movimientos feministas reflejó un intento de ampliar la agenda del 8M hacia temas laborales y de justicia social.
Trabajadoras de la salud que participaron de la movilización señalaron que el contexto económico dificulta aún más que muchas mujeres puedan salir de relaciones violentas. Según explicaron, la falta de empleo, la dependencia económica y el debilitamiento de programas de asistencia estatal limitan las posibilidades de romper con vínculos abusivos.
También advirtieron sobre el deterioro de dispositivos públicos de atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género, lo que genera una mayor sensación de desprotección. Para estas profesionales, la ausencia o reducción de políticas específicas deja a muchas mujeres dependiendo exclusivamente de redes informales de apoyo.
En ese marco, la marcha del 8M volvió a plantear un diagnóstico compartido entre muchas de sus participantes: la violencia machista no puede separarse de las condiciones económicas y sociales.
Desde esa perspectiva, las consignas de este año buscaron combinar la denuncia de los femicidios con la crítica a las políticas que, según sostienen, profundizan la vulnerabilidad de amplios sectores de la población femenina.
