Marcha de jubilados: La Ciudad pidió que se anule el fallo del juez Gallardo
Mientras tanto, los jubilados marcharán este miércoles bajo la sombra de esta disputa de alto voltaje. Lo que está en juego, más allá del operativo, es quién tiene el verdadero poder en las calles.
La movilización de este miércoles al Congreso, convocada por organizaciones de jubilados y respaldada por la CGT, no solo marca un nuevo hito de protesta social frente al ajuste, sino que también se convirtió en el centro de una fuerte pulseada institucional entre la Justicia porteña y el Gobierno de la Ciudad.
La disputa gira en torno al fallo del juez Roberto Gallardo, quien ordenó que el operativo de seguridad quede exclusivamente a cargo de la Policía de la Ciudad, excluyendo a las fuerzas federales.
La Procuración General porteña presentó este lunes un recurso para anular la resolución del magistrado, a la que calificó de “arbitraria, nula y sin sustento legal”. El planteo fue elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que se expida con urgencia ante la inminencia de la movilización.
Un fallo incómodo Bullrich
El epicentro del conflicto institucional es el control del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires y la coordinación con las fuerzas nacionales, que buscan instalar un cerco federal para proteger el Congreso. Gallardo dispuso que esa intervención sea removida, algo que para el oficialismo porteño representa una invasión a su autonomía y competencias exclusivas.
Según el escrito presentado por el Gobierno de la Ciudad, la medida fue tomada “sin intervención previa” ni “garantía del derecho de defensa”, y constituye un claro caso de “prejuzgamiento”. Además, sostiene que Gallardo “se arroga facultades propias del Poder Ejecutivo” al inmiscuirse en decisiones estratégicas que competen a la administración local, como el diseño y planificación de operativos de seguridad.
La acusación es directa: el fallo interfiere en una tarea esencial del Ejecutivo y se basa más en una “convicción personal” del juez que en hechos objetivos. En otras palabras, según la Procuración, no hay pruebas de que la Ciudad haya incumplido sus deberes como para justificar una intervención judicial de ese calibre.
Una grieta judicial que ya es política
La figura del juez Gallardo no es nueva en la escena política: su historial de fallos incómodos para el oficialismo porteño lo convirtieron en un actor controvertido y habitual protagonista de disputas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo local.
Esta vez, su resolución llega en un contexto especialmente tenso, con la administración de Javier Milei desplegando un protocolo de seguridad cada vez más rígido, y organizaciones sociales desafiando esas medidas desde la calle.
La decisión judicial también tiene implicancias políticas para Patricia Bullrich, quien impulsó una política de mano dura en la represión de manifestaciones y se ve ahora limitada por la restricción judicial. Para la ministra, mantener a las fuerzas federales en un rol activo durante la protesta es clave para sostener su narrativa de orden y autoridad.
Una movilización en el centro del juego de poder
La marcha de jubilados, que parecía inicialmente una más dentro del calendario de protestas, terminó catalizando una batalla mayor: la del control del espacio público, la legitimidad institucional y la autonomía de la Ciudad.
En el trasfondo, lo que se discute es hasta dónde puede intervenir el Poder Judicial en decisiones operativas del Ejecutivo y hasta qué punto las fuerzas federales pueden imponerse sobre la policía local en un territorio autónomo.
La apelación firmada por Agustín Luzzi, director de Litigios Complejos de la Procuración porteña, deja clara la posición del Gobierno de la Ciudad: no cederán el mando en materia de seguridad y consideran que el fallo, lejos de proteger derechos, “afecta el interés público” al entorpecer la coordinación con Nación.
