Marcha atrás del Gobierno: la imputabilidad se debatirá desde los 14 años
A pocos días de que la iniciativa obtuviera dictamen y llegara al recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por no avanzar con ese texto y anunció que presentará una nueva propuesta que establece el umbral en los 14 años.
El Gobierno nacional resolvió retirar el proyecto de ley enviado esta semana al Congreso que proponía modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.
La decisión responde a negociaciones con bloques aliados y sectores dialoguistas, con el objetivo de reunir el respaldo necesario para su aprobación. De este modo, el Ejecutivo retomará el dictamen previo trabajado en comisión, que fijaba la edad de punibilidad en 14 años y contaba con un mayor consenso parlamentario.
Más allá del cambio en el límite etario, el Gobierno mantendrá sin modificaciones los aspectos vinculados al impacto fiscal y su financiamiento. El costo estimado del nuevo régimen asciende a $23.739.155.303, que serán cubiertos con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Régimen Penal Juvenil: principales puntos de la iniciativa
El proyecto contempla un esquema de sanciones que prioriza medidas alternativas a la prisión. Entre ellas se incluyen la prestación de servicios a la comunidad, amonestaciones, restricciones para conducir o concurrir a determinados lugares y el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
Para los delitos de mayor gravedad, se establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, dentro de un sistema progresivo en el que la privación de la libertad se reserva exclusivamente para los casos más extremos. En esos supuestos, el cumplimiento de la condena deberá realizarse en institutos especializados, separados de la población adulta.
La iniciativa define la detención como un recurso excepcional y fija un plazo máximo de condena de 20 años. Cuando la pena sea inferior a tres años, se priorizarán medidas que permitan al joven continuar con su educación o actividad laboral, evitando la interrupción de su desarrollo social.
