11 de mayo de 2026

Marcela Pagano acusó a Adorni de interferir en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El eje de la denuncia gira en torno al testimonio del contratista Matías Tabar, quien habría declarado que Adorni pagó en efectivo una suma significativa para refacciones en una propiedad. Para Pagano, la relevancia de este testigo es central, ya que sus dichos pondrían en duda la justificación del origen de los fondos.

Ph: Ámbito

La diputada Marcela Pagano intensificó sus cuestionamientos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al solicitar su detención inmediata en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según la legisladora, el funcionario habría desplegado maniobras para entorpecer el avance judicial, lo que —de confirmarse— podría agravar su situación procesal.

En ese contexto, la diputada sostuvo que existieron intentos de influir sobre el constructor mediante ofrecimientos y promesas de asistencia judicial, lo que interpretó como una estrategia para debilitar su declaración.

Desde una perspectiva política, el planteo de Pagano introduce la variable del poder como elemento condicionante. La diputada subrayó la cercanía del funcionario con el presidente y advirtió sobre una “asimetría” que podría incidir en el comportamiento de testigos clave.

Este señalamiento no solo apunta a la dinámica interna del caso, sino también al clima político en el que se desarrolla la investigación.

Asimismo, la legisladora denunció posibles mecanismos de presión indirecta, como advertencias desde el entorno del funcionario y campañas en redes sociales destinadas a desacreditar al testigo. Este componente agrega una dimensión comunicacional al conflicto, donde la disputa por la credibilidad pública se vuelve tan relevante como la causa judicial en sí.
En conjunto, el caso combina elementos judiciales, políticos y mediáticos. Mientras la investigación deberá determinar la veracidad de las acusaciones, el planteo de Pagano busca instalar la urgencia de medidas cautelares bajo el argumento de que el poder del funcionario podría afectar el normal desarrollo del proceso.

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