Magistrados participaron en el acto fundacional de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina
El evento se llevó a cabo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En la tarde de ayer, se suscribió el acta fundacional de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina (RJJFPRA), que nuclea a magistrados de dicho fuero de todas las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por Santiago del Estero, estuvieron presentes el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero y presidente de la Sala Penal, Laboral y Minas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, el juez del Tribunal de Juicio Oral, Dr. Juan Carlos Storniolo, el juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Dr. Darío Alarcón y la jueza de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, Dra. Érika Casagrande Valdueza.
En el evento brindaron mensajes, sobre la importancia del asociacionismo, personalidades reconocidas en el campo jurídico, como el español Dr. Andrés Prefecto Ibañez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y director de Jueces para la Democracia. Información y debate y es considerado una de los más notables juristas del Derecho Penal de Iberoamérica. También brindó palabras resaltando el acontecimiento, la Dra. Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación.
Entre los principales postulados de la RJJFPRA, entre otros se menciona: El compromiso de quienes integramos la red en el trabajo diario para lograr un país más justo, a través de un Poder Judicial cercano a las personas, sin desatender las realidades ni los datos sociales, con la responsabilidad que importa la toma de decisiones en casos que involucran bienes jurídicos fundamentales, donde las víctimas demandan justicia y se adoptan decisiones sobre personas detenidas en contextos de colapso carcelario.
El deber de aplicar nuestra formación y de dedicar todo el tiempo y el esfuerzo necesarios para gestionar los conflictos penales conforme las legislaciones procesales de cada jurisdicción y conforme las Constitución.
La defensa de la independencia judicial como garantía de los y las habitantes y la debida fundamentación de las decisiones como presupuesto y condición básica de un Estado Constitucional de Derecho.
La necesidad de un Poder Judicial en condiciones de asumir y de cumplir su rol institucional, mediante el fortalecimiento de la magistratura penal del país, tanto desde el punto de vista de su profesionalización y formación continua como de la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento, entre otras propuestas.
