Lula firma una nueva ley contra el crimen organizado tras la masacre en Río de Janeiro

La operación policial más letal en la historia de la ciudad dejó un saldo oficial de 121 muertos, aunque organizaciones sociales elevan la cifra a 132, advirtiendo que no todos los fallecidos eran integrantes de bandas criminales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este miércoles una ley que refuerza la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes obstruyan las investigaciones, en medio de la conmoción generada por la masacre ocurrida en Río de Janeiro.

Lula expresó que Brasil necesita «una política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra». La nueva ley busca unificar las fuerzas policiales y establecer mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales, con el objetivo de atacar las raíces del narcotráfico sin poner en riesgo a civiles inocentes.

Mientras tanto, en Río de Janeiro, la Operación Contención, lanzada por el gobernador Cláudio Castro, dejó un panorama de caos y dolor. Testigos denunciaron ejecuciones sumarias, con víctimas con tiros en la nuca o por la espalda, y escenas desgarradoras en las que vecinos recuperaban cuerpos entre restos de enfrentamientos y olor a pólvora. Familias lamentaron la pérdida de seres queridos en una operación que muchos califican como una masacre.

El gobierno federal y el estatal trabajan en conjunto para contener la crisis. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, viajó a Río para coordinar acciones con el gobernador, anunciando la creación de una Oficina de Emergencia para enfrentar el crimen organizado, que se centrará en inteligencia financiera y en el aislamiento de líderes criminales en prisión.

Las distintas posturas sobre la operación generan controversia. Mientras Castro y algunos gobernadores consideran que fue un éxito, expertos y organizaciones de derechos humanos denuncian ejecuciones extrajudiciales y exigen explicaciones ante el Tribunal Supremo. La situación ha provocado una polarización política, con sectores de la derecha que apoyan la dureza policial y sectores que llaman a una política de seguridad que priorice los derechos humanos y la reforma social.

En respuesta a la crisis, Lula reafirmó su compromiso de luchar contra el crimen organizado con medidas que desmantelen las estructuras financieras y operativas de las bandas, y no con acciones que puedan derivar en más violencia y víctimas inocentes. La promulgación de la nueva ley representa un paso en esa dirección, en medio de un país aún conmocionado por la tragedia en Río de Janeiro.