Lo que se viene: reforma laboral de corte flexibilizador con promesas de incentivos a pymes y alerta por la pérdida de derechos

El Gobierno, busca equilibrar el tono político de la discusión. En un contexto económico todavía frágil y con altos niveles de informalidad, la apuesta oficial es presentar la reforma como un instrumento para dinamizar el empleo y atraer inversiones, aunque el debate que se abrirá en 2026 promete ser uno de los más conflictivos de los últimos años.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno avanza en la elaboración de un nuevo proyecto de reforma laboral que busca tratar en 2026, cuando asuma la nueva composición del Congreso.

La iniciativa se basa en la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, impulsada en diciembre de 2024 por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez, y apunta a modificar aspectos centrales del régimen laboral argentino, con un enfoque que prioriza la flexibilidad y la reducción de costos empresariales.

El plan oficial pretende fusionar el texto de Diez con los aportes que surjan del diálogo con gobernadores, sindicatos y empresarios en el marco del Concejo de Mayo. Según fuentes oficiales, el objetivo es “modernizar el mercado laboral” y “fomentar la creación de empleo formal”, aunque los gremios y sectores opositores advierten que las medidas implican un retroceso en conquistas históricas de los trabajadores.

Entre los principales puntos, la reforma contempla incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de fragmentar las vacaciones, la implementación de bancos de horas y nuevas formas de pago y registro digital de los salarios. También introduce modificaciones en los plazos de licencias por enfermedad y en los procedimientos de sanciones disciplinarias.

Uno de los aspectos más polémicos radica en la ampliación de la jornada laboral y la posibilidad de flexibilizar convenios colectivos, permitiendo acuerdos que adapten horarios y modalidades de trabajo a las necesidades de las empresas.

Aunque se mantiene el principio de irrenunciabilidad de derechos, se habilita a la autoridad laboral a homologar acuerdos que modifiquen aspectos esenciales del contrato, lo que, según especialistas, podría abrir la puerta a una desprotección legal del trabajador frente al empleador.

El texto, respaldado por un grupo de diputados oficialistas, entre ellos Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Lilia Lemoine y Nicolás Mayoraz, busca además permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y extender los plazos de vacaciones hasta abril del año siguiente. La propuesta se complementaría con un régimen de “banco de horas”, que permitiría compensar horas extras con días libres en lugar de pago adicional, bajo el argumento de mejorar la productividad y la competitividad empresarial.

Desde el sector sindical, las primeras reacciones apuntan a que el proyecto constituye una “reforma flexibilizadora encubierta”, que traslada el riesgo económico al trabajador y debilita la negociación colectiva. Para los gremios, el discurso de modernización oculta una avanzada contra derechos básicos conquistados hace décadas, mientras que los empresarios celebran la iniciativa como un paso necesario para “actualizar las normas laborales del siglo pasado”.