“Lawfare al servicio del poder económico”: dura denuncia de la ITF
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner generó un nuevo frente de cuestionamientos a nivel nacional e internacional.
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que agrupa a más de 16 millones de trabajadores de 740 sindicatos en 150 países, denunció que el fallo responde a una estrategia de “manipulación de los poderes” iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri, en una avanzada que identifican como parte del fenómeno regional del lawfare.
El pronunciamiento de la ITF representa una toma de posición política clara desde un actor global del sindicalismo, que no solo expresa solidaridad con la expresidenta, sino que denuncia una práctica sistemática de persecución judicial a dirigentes populares en América Latina. “Esto no comienza hoy —indicaron—, sino que es la continuidad de lo iniciado por el gobierno de Macri, una estrategia sostenida de persecución política, mediática y judicial”.
La organización cuestionó con dureza la legitimidad del fallo, al considerar que viola principios fundamentales del derecho, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad política. Al establecer un paralelismo con lo ocurrido en Brasil con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la ITF advierte que estas maniobras no son excepcionales ni aisladas, sino parte de un modelo de disciplinamiento político que utiliza al Poder Judicial como herramienta para condicionar la participación de líderes comprometidos con los intereses populares.
El documento también responsabiliza a “sectores del poder económico y financiero” por cooptar la justicia, los medios de comunicación y la política. En este contexto, la condena a Cristina Kirchner es vista no solo como un ataque personal, sino como un intento por proscribir una representación política que sigue vigente en el electorado. “No hay democracia sin justicia. No hay justicia con proscripción”, sintetiza el comunicado.
A nivel local, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid, replicó la postura internacional y denunció que existe una “creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política, especialmente en vísperas electorales”.
La reacción sindical ante la condena a Cristina Kirchner plantea una serie de interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial, la vigencia del Estado de derecho y la calidad democrática en la Argentina. La legitimidad del fallo queda cuestionada no solo desde el plano jurídico, sino también desde el político y social, al tratarse de una figura central en la historia reciente del país.
Lo que pone de relieve esta denuncia no es únicamente la situación judicial de una exmandataria, sino un diagnóstico preocupante: la consolidación de una matriz regional donde la judicialización de la política se convierte en herramienta para neutralizar oposiciones y limitar el juego democrático. En este contexto, el repudio de la ITF no es una declaración más, sino una advertencia de alcance global sobre el rumbo institucional de la Argentina.
