Las jubilaciones perdieron 32% con la fórmula de Milei

La modificación de la fórmula jubilatoria dispuesta por el gobierno de Javier Milei en marzo de 2024 profundizó el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde el cambio impulsado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, las jubilaciones registraron una pérdida real del 32%. El dato no solo confirma la magnitud del ajuste, sino que pone en cuestión los mecanismos con los que el oficialismo libertario optó por intervenir sobre el sistema previsional.

El gobierno de La Libertad Avanza reemplazó la fórmula establecida por la ley 27.609 —vigente desde 2021— que combinaba recaudación y evolución salarial, por un esquema atado exclusivamente a la inflación. El argumento oficial fue evitar mayores rezagos frente al alza de precios, pero el momento elegido para aplicar el cambio fue clave: primero se produjo una fuerte licuación de los haberes durante el primer trimestre del año, cuando la inflación superó el 50% acumulado, y solo después se ajustaron los montos por IPC.

Este orden de los factores, lejos de ser casual, generó una base de ingresos jubilatorios drásticamente rebajada, desde la cual el nuevo sistema indexado apenas acompaña —pero no repara— el daño inicial. Así lo explicó el periodista Andrés Lerner, al subrayar que “el Gobierno no buscó evitar que los jubilados sigan perdiendo contra la inflación, sino impedir que recuperen lo ya perdido”. Hoy, un jubilado de la mínima percibe 304.726 pesos, pero si se hubiese mantenido la fórmula previa, su haber sería de 403.302 pesos: una diferencia de casi 100.000 pesos mensuales.

El cambio por DNU, además, encendió las alertas legales. Tal como señaló Lerner, se trata de una medida que podría tener consecuencias judiciales para el Estado, ya que implica una modificación de una ley previsional sin pasar por el Congreso. En este sentido, la reciente sanción legislativa que reintrodujo la moratoria previsional, aumentó el bono para jubilados e intentó reordenar el sistema, “le dio una salida institucional barata al Gobierno”, pero no resuelve la cuestión de fondo: la pérdida estructural del ingreso jubilatorio.

Desde el oficialismo no hubo respuestas claras sobre el motivo por el cual los sectores más vulnerables —como los jubilados— quedaron fuera de cualquier política de recomposición real. Como ironizó el periodista Gustavo Sylvestre, “hay fondos para la SIDE, pero no para los jubilados”, en referencia al aumento de las partidas reservadas para inteligencia mientras se mantiene el ajuste previsional.

El enfoque económico libertario, que se autodefine como promotor del equilibrio fiscal, encontró en las jubilaciones una vía rápida para reducir el déficit. Pero lo hizo a costa de consolidar un esquema regresivo, donde quienes menos tienen son los primeros en ser recortados. Más allá de los números, la caída del 32% representa una pérdida tangible en calidad de vida: menos medicamentos, menos alimentos, menos autonomía para quienes ya acumulan décadas de aportes y trabajo.

El debate de fondo ya no es solo técnico, sino ético y político: ¿es sostenible —o aceptable— un ajuste estructural que sacrifica a los jubilados en nombre de una estabilidad prometida pero todavía esquiva? Mientras el Gobierno se ampara en la lógica del “sinceramiento”, crece el malestar social y la percepción de que la libertad, en este modelo, no llega a todos por igual.