La tarifa del boleto de colectivos pasará a costar $850

El incremento tarifario y las nuevas exigencias a las empresas de transporte reflejan un esfuerzo por parte de las autoridades locales para garantizar un servicio de calidad, que responda a las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo, se ajuste a la realidad económica del sector. Sin embargo, queda por ver cómo este aumento influirá en la opinión pública y en la utilización del transporte colectivo en las ciudades de Capital y La Banda.

Este martes, los Concejos Deliberantes de las ciudades de Capital y La Banda aprobaron una actualización en la tarifa del boleto de colectivos, que a partir de ahora pasará a costar $850. Este incremento del 25% se da en un contexto en el que el sector empresarial había solicitado un aumento más pronunciado, de hasta $1000.

La decisión, que tiene un impacto directo en los usuarios del transporte público, el cual fue objeto de controversia y debate. Aunque el incremento es menor al pedido inicial por las empresas del sector, representa un esfuerzo por parte de los gobiernos locales para equilibrar la necesidad de una tarifa justa y sostenible con la realidad económica que enfrentan los ciudadanos.

En el caso del municipio de Capital, la nueva ordenanza incluye una serie de requisitos que las empresas de transporte deberán cumplir. Uno de los más destacados es que cada empresa deberá designar un representante que brinde información detallada sobre la cantidad de coches que ofrecerán servicio en cada línea y ramal de manera diaria.

Esta medida busca no solo transparentar el funcionamiento del servicio, sino también garantizar que los usuarios tengan acceso a información precisa y actualizada sobre la circulación de los colectivos.

La comuna tiene la intención de utilizar estos datos para actualizar la aplicación móvil que los pasajeros utilizan para consultar horarios y frecuencias. De esta manera, se espera mejorar la experiencia del usuario y evitar la frustración que puede causar la falta de información sobre el transporte público.

Es importante destacar que la información proporcionada por las empresas será considerada una declaración jurada. Esto implica que, en caso de incumplimiento o de no ajustarse a lo declarado, las empresas podrían enfrentarse a sanciones, según lo estipulado en la normativa vigente.