La Rosada restringió el acceso a periodistas y la oposición denunció avance sobre la libertad de expresión
El episodio vuelve a poner en discusión los límites entre la regulación de la información, la lucha contra las noticias falsas y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. En un escenario político cada vez más polarizado, la tensión entre control y transparencia aparece como uno de los ejes centrales del debate público.
En un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y la oposición, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados denunció un “retroceso institucional” tras la decisión del Poder Ejecutivo de retirar acreditaciones a periodistas que cubrían habitualmente la actividad en la Casa Rosada.
La medida oficial se da en un contexto atravesado por acusaciones sobre la existencia de supuestas campañas de desinformación con financiamiento extranjero, una justificación que desde el oficialismo se presenta como necesaria para resguardar la comunicación gubernamental, pero que desde sectores opositores es leída como un argumento difuso que habilita la discrecionalidad.
Legisladores que integran la comisión de Libertad de Expresión impulsaron un proyecto de resolución en el que rechazan lo que consideran un acto de censura y exigen la restitución inmediata de las credenciales. Bajo una consigna que advierte sobre un avance del control informativo, sostienen que la decisión no solo afecta a los trabajadores de prensa directamente involucrados, sino que sienta un precedente preocupante para el funcionamiento democrático.
La diputada Sabrina Selva fue una de las voces más críticas al señalar que el Gobierno estaría pasando de la confrontación discursiva con el periodismo a medidas concretas que limitan el acceso a la información pública. En esa línea, remarcó que la pluralidad de voces y el ejercicio del disenso no son concesiones del poder, sino condiciones básicas de cualquier sistema democrático.
El planteo opositor también advierte sobre un riesgo más amplio: la posibilidad de que el control del acceso a las fuentes oficiales derive en una narrativa cada vez más centralizada, donde el Gobierno no solo administre la información sino también los canales a través de los cuales circula.
El proyecto lleva la firma de referentes del espacio como Nicolás Trotta, Germán Martínez y Hugo Yasky, entre otros, y se inscribe en una escalada de cuestionamientos al vínculo del oficialismo con la prensa.
