La Justicia prohíbe al Gobierno eliminar programas de protección a víctimas de violencia de género
La decisión ratifica la vigencia de una medida cautelar que el Gobierno había intentado apelar en su búsqueda de ajustes en las políticas de género.
Este viernes, la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal emitió una resolución (11167/2024) que prohíbe al presidente Javier Milei llevar a cabo la eliminación de programas de prevención y asistencia destinados a mujeres y niños en situación de violencia de género.
La resolución se produce en un contexto de creciente preocupación por las políticas de género del actual gobierno, que anunció un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio del Código Penal. La falta de claridad sobre el futuro de los programas de asistencia ha generado incertidumbre entre organizaciones de derechos humanos y feministas.
La acción judicial fue presentada el 28 de junio por un conjunto de organizaciones, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Estas organizaciones solicitaron una medida cautelar de “no innovar”, que ordenara al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de reducir recursos humanos y de infraestructura en las áreas encargadas de la protección contra la violencia de género.
La Cámara, al rechazar la apelación del Gobierno y negar la habilitación de la feria judicial, destaca la importancia de mantener los programas vigentes que garantizan asistencia y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. «La Cámara le acaba de rechazar el planteo al Gobierno para habilitarle y tratar esto», informó la periodista de C5N, Vanesa Petrillo, durante su programa De Una.
Las organizaciones demandantes buscan claridad sobre qué organismo será responsable de cumplir con las obligaciones legales del Estado en materia de violencia de género, así como asegurar la continuidad de los programas de prevención y asistencia. La Justicia ya había reconocido previamente la legitimación de estas organizaciones para representar a mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Esta resolución marca un hito en el gobierno de Milei, siendo la primera vez que se presenta una acción judicial de esta naturaleza, y subraya la tensión entre las políticas del Ejecutivo y la defensa de los derechos de las mujeres en Argentina. Las organizaciones esperan que esta decisión judicial refuerce el compromiso del Estado con la protección de las víctimas de violencia de género y la continuidad de los programas esenciales para su asistencia.
