27 de mayo de 2026

La Justicia imputó a “Chiqui” Tapia por la retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFA

La medida fue tomada por el fiscal Claudio Navas Rial, quien acusó a ambos dirigentes por su presunta participación en delitos relacionados con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y tributos, en un caso que involucra una deuda superior a los 19.000 millones de pesos.

La Justicia argentina imputó formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La causa, que está en manos del juez Diego Amarante, representa la primera vez en la que tanto Tapia como Toviggino son imputados en este expediente. La denuncia, presentada inicialmente por la Dirección General Impositiva (DGI) a principios de diciembre, ya había estimado un perjuicio fiscal de aproximadamente 7.000 millones de pesos, correspondiente a retenciones impositivas y tributos a la seguridad social no depositados. Con el avance de la investigación, el monto total de aportes jubilatorios impagos ha aumentado a más de 19.000 millones de pesos.

La investigación apunta a la posible infracción de los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según la normativa, el incumplimiento en el depósito de estos fondos en un plazo de 30 días puede acarrear penas de entre dos y seis años de prisión para quienes tengan la condición de agentes de retención, como en el caso de Tapia, quien ejerce como principal responsable y administrador de la clave fiscal.

Además de Tapia y Toviggino, la investigación se ha ampliado hacia otros dirigentes vinculados a la estructura de la AFA, entre ellos Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva, en un esfuerzo por esclarecer el alcance de la presunta apropiación de fondos y la posible responsabilidad de otros actores en la organización.

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