La Justicia excarceló a uno de los acusados por el intento de asesinato a Cristina Kirchner ante la falta de pruebas
Carrizo, quien pasó casi tres años en prisión preventiva desde su detención en septiembre de 2022, fue considerado un «partícipe secundario» del ataque que tuvo lugar el 1 de septiembre de ese año. Sin embargo, en la etapa de alegatos finales del juicio, ni la fiscal Gabriela Baigún ni los representantes legales de Kirchner presentaron suficientes pruebas para sostener una acusación en su contra.

La reciente decisión del Tribunal Oral Federal 6 de liberar a Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados en el intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Kirchner, ha desatado un torrente de críticas y cuestionamientos sobre el manejo del caso por parte de la fiscalía y la querella.
Este hecho plantea serias interrogantes sobre la solidez de las investigaciones y la capacidad de las autoridades judiciales para abordar un caso de tal magnitud. La decisión de excarcelar a Carrizo no solo pone de relieve la fragilidad del marco probatorio, sino que también genera preocupación acerca del mensaje que se envía a la sociedad sobre la impunidad en actos de violencia política.
La condena solicitada por la fiscalía para los otros dos acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte —19 y 14 años de prisión, respectivamente— refleja la gravedad del intento de homicidio agravado por el contexto de violencia de género y política que caracterizó el ataque.
Sin embargo, la ausencia de una acusación firme contra Carrizo plantea la pregunta de si se está haciendo todo lo posible para esclarecer completamente los hechos y castigar a todos los responsables.
La excarcelación de Carrizo, bajo la premisa de falta de acusación, abre la puerta a una serie de interpretaciones que podrían ir desde la ineficacia del sistema judicial hasta la percepción de que ciertos actores pueden eludir plenamente la justicia.
El debate se reanudará el próximo 10 de septiembre, momento en el que será crucial evaluar la calidad de las evidencias presentadas y la dirección que tomará este emblemático caso que ha captado la atención nacional e internacional.
En un contexto donde la violencia política es un tema candente, la sociedad espera respuestas contundentes y un compromiso tangible de las instituciones para garantizar la justicia y el respeto a los derechos democráticos.
