La Justicia de EE.UU. le pone un freno a Tofoni y desautoriza el uso de pruebas contra la AFA en causas penales
La estrategia judicial del empresario y agente FIFA Guillermo Tofoni para avanzar contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un duro revés en los Estados Unidos. Un tribunal federal del Distrito de Georgia le prohibió utilizar en causas penales abiertas en la Argentina la documentación bancaria obtenida mediante un procedimiento judicial estadounidense y, además, le ordenó recuperar o destruir todo el material que fue distribuido fuera de los límites fijados por la Justicia.
El fallo del juez Clay D. Land representa mucho más que una cuestión procesal. Expone los límites de una estrategia que intentó trasladar a la esfera penal argentina documentación obtenida exclusivamente para un litigio civil, desoyendo las restricciones impuestas por el propio tribunal norteamericano.
La resolución deja en evidencia que el mecanismo previsto por la Sección 1782 del Código de los Estados Unidos —utilizado para obtener pruebas destinadas a procesos judiciales en otros países— no habilita su utilización indiscriminada. El magistrado recordó que la autorización concedida a Tofoni estaba limitada a un proceso civil y nunca comprendió denuncias penales ni la difusión pública del contenido de esos documentos.
Sin embargo, según surge del fallo, parte de esa información terminó siendo incorporada a expedientes penales en la Argentina e incluso fue distribuida a periodistas y medios de comunicación, pese a que existía una orden de protección que prohibía expresamente ese tipo de utilización.
La decisión judicial cuestiona así uno de los pilares de las denuncias impulsadas por Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, a quienes acusa de una presunta defraudación vinculada con contratos comerciales de la Selección Argentina.
El juez también rechazó el nuevo intento de Tofoni por obtener una autorización retroactiva para emplear esa documentación en cuatro causas penales iniciadas en la Argentina. Según sostuvo Land, el empresario nunca presentó una nueva solicitud conforme a la Sección 1782, requisito indispensable para modificar el destino de las pruebas obtenidas.
Por el contrario, intentó justificar posteriormente un uso que nunca había sido autorizado por el tribunal estadounidense, una conducta que la resolución considera insuficiente desde el punto de vista legal.
Otro aspecto especialmente delicado del fallo es la referencia a la difusión mediática de la documentación. El tribunal advirtió que existían restricciones precisas sobre el tratamiento de esos registros y que, pese a ello, el material fue compartido con terceros ajenos al proceso judicial.
Como consecuencia, el juez ordenó que en un plazo de catorce días Tofoni notifique por escrito a todas las personas, organismos y medios que recibieron los documentos para exigir su devolución o destrucción, adopte todas las medidas razonables para recuperarlos y presente una certificación ante la Justicia estadounidense detallando las acciones realizadas para cumplir la orden.
En los fundamentos de la resolución también aparece otro cuestionamiento de fondo. El tribunal sostiene que no quedó acreditado que Tofoni hubiera obtenido legítimamente los registros bancarios de la empresa Tourprodenter con el propósito de iniciar procesos penales ni que la legislación argentina habilitara exigir ese tipo de información privada como punto de partida para formular denuncias criminales.
La decisión de la Justicia estadounidense no resuelve el contenido de las acusaciones contra los dirigentes de la AFA, pero sí debilita significativamente el sustento probatorio sobre el que Tofoni pretendía construir parte de su ofensiva judicial.
El fallo constituye, además, un llamado de atención sobre el alcance de la cooperación judicial internacional. Los mecanismos destinados a facilitar la producción de pruebas entre distintos países no pueden convertirse en herramientas para ampliar investigaciones más allá de los fines autorizados por los tribunales que las conceden.
En ese contexto, la resolución de Georgia no solo limita el margen de acción de Tofoni, sino que también pone bajo cuestionamiento el modo en que fueron obtenidas, utilizadas y difundidas pruebas que ahora la Justicia de los Estados Unidos ordena retirar de circulación.
