La justicia de Brasil habilitó a Agostina Páez el regreso a la Argentina

Mientras se espera un veredicto definitivo en un plazo estimado de entre 15 y 20 días, la concesión del hábeas corpus redefine el equilibrio entre las garantías individuales de la acusada y el avance del proceso judicial, habilitando una instancia de resolución con menor nivel de restricción personal.

La decisión de la Justicia brasileña de otorgar un hábeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez introduce un punto de inflexión en un proceso que, hasta ahora, había estado marcado por criterios restrictivos respecto de su libertad de movimiento.

Tras más de dos meses detenida en Río de Janeiro por una causa vinculada a injuria racial, la imputada podrá regresar a la Argentina mientras se define su situación judicial.

El cambio responde a la aceptación de un planteo de la defensa que modifica el escenario previo, en el cual Páez estaba obligada a permanecer en territorio brasileño. La resolución se inscribe dentro de mecanismos de cooperación judicial internacional, permitiendo que el proceso continúe sin la necesidad de su permanencia física en Brasil.

El expediente había mostrado oscilaciones recientes. En una audiencia celebrada el 24 de marzo, el magistrado interviniente había autorizado inicialmente su regreso bajo պայմանes específicas, aunque esa medida fue revocada pocas horas después, restableciendo la detención en Brasil. Esa marcha atrás generó incertidumbre tanto en la defensa como en el entorno de la acusada.

Desde el punto de vista penal, la causa se centra en el delito de injuria racial, que en el sistema brasileño prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. Si bien en un inicio existían tres denuncias, estas fueron unificadas, y la acusación terminó solicitando la pena mínima de dos años.

Un elemento clave en la evolución del caso fue la coincidencia entre la fiscalía y la parte querellante en habilitar el regreso de la abogada a su país de origen. Ese consenso contribuyó a allanar el camino hacia la resolución adoptada, al reducir la resistencia institucional a una medida de menor coerción.

En paralelo, el juez evalúa alternativas de resolución que podrían incluir la homologación de un acuerdo con pena reducida y sustituida por medidas no privativas de la libertad, como trabajos comunitarios, capacitaciones en derechos humanos o sanciones económicas. Este escenario aparece como plausible dado el bajo monto de la pena solicitada y la ausencia de antecedentes de la imputada en Brasil.