La Justicia bloquea las cajas de seguridad de los Kovalivker y reaviva las sospechas sobre la trama de coimas
Este avance judicial no solo expone a los Kovalivker, sino que plantea una pregunta más amplia: ¿qué tan profundo es el entramado de corrupción en torno a la Agencia de Discapacidad y hasta dónde llegan sus ramificaciones políticas?
La decisión del juez federal Sebastián Casanello de bloquear las cajas de seguridad de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, junto con las de sus familiares, marca un nuevo capítulo en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El operativo apunta a inmovilizar fondos que podrían provenir de retornos ilegales vinculados a contrataciones con la droguería Suizo Argentina, de la cual los Kovalivker son dueños.
La medida es significativa por dos motivos. Primero, porque no se trata de cuentas bancarias tradicionales —donde el rastreo es relativamente sencillo a través del Banco Central— sino de bóvedas privadas utilizadas para guardar dinero en efectivo, un esquema más complejo y opaco que suele asociarse a prácticas de ocultamiento patrimonial. Segundo, porque surge en un contexto en el que la Justicia intenta reconstruir un entramado de relaciones entre empresarios, funcionarios de la ANDIS y operadores políticos mencionados en escuchas del exfuncionario Diego Spagnuolo, que salpican a sectores cercanos al poder.
La cifra que envuelve el caso es contundente: en 2024, Suizo Argentina facturó 19.000 millones de pesos a la ANDIS, consolidándose como uno de los principales proveedores del organismo. Ese volumen, en medio de acusaciones de sobreprecios y retornos, alimenta la sospecha de que parte del dinero ahora bloqueado pueda ser producto de contratos direccionados.
El comportamiento de los acusados también añade sospechas. Jonathan Kovalivker no solo se fugó durante un allanamiento en Nordelta —entregándose días más tarde—, sino que además presentó ante la Justicia un celular reseteado de fábrica. Un gesto que, para los investigadores, equivale a una obstrucción de pruebas clave que podrían confirmar vínculos comprometedores.
El secreto de sumario impide conocer los detalles de la pesquisa, pero la decisión de bloquear las cajas de seguridad no es un trámite menor: implica que la Justicia considera verosímil la hipótesis de que esos fondos provienen de un circuito de corrupción. El caso revela, además, cómo la intersección entre negocios privados, organismos estatales sensibles como la ANDIS y el financiamiento político puede derivar en un sistema donde las necesidades de personas con discapacidad quedan subordinadas a intereses económicos y negociaciones oscuras.
