La Justicia avanza sobre el patrimonio de Cristina Kirchner tras quedar firme el decomiso en la causa Vialidad
La decisión judicial profundiza el impacto político y económico de la causa Vialidad y reabre el debate sobre el alcance de las responsabilidades patrimoniales derivadas de las condenas por corrupción en la función pública.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y dejó firme el avance de la ejecución patrimonial en el marco de la causa Vialidad.
Con esta decisión, la Justicia quedó habilitada para continuar con el decomiso de bienes destinados a cubrir una suma actualizada que supera los $684.990 millones.
El fallo consolida una nueva etapa del expediente: la recuperación de activos vinculados a los condenados. El monto original del decomiso había sido fijado en más de $84.835 millones, pero posteriormente fue recalculado y actualizado por peritos oficiales y especialistas contables de la Corte Suprema, lo que multiplicó significativamente la cifra exigida.
Ante la falta de cumplimiento del pago por parte de los condenados, el Tribunal Oral Federal N° 2 quedó facultado para avanzar con la ejecución de propiedades, terrenos y otros activos incorporados al patrimonio de la familia Kirchner.
Entre los bienes alcanzados aparecen inmuebles ubicados en El Calafate y Río Gallegos, además de terrenos de gran extensión en el departamento Lago Argentino. También figura el predio donde funciona el Complejo Hotel Los Sauces, junto con parcelas anexadas posteriormente al emprendimiento turístico.
La resolución judicial incluye propiedades que habían sido transferidas a Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, los jueces consideraron que existió una “vinculación económica y temporal” entre el crecimiento patrimonial y los hechos investigados, por lo que rechazaron el argumento de las defensas sobre herencias o cesiones realizadas de buena fe.
Con este criterio, la Justicia sostuvo que las transferencias patrimoniales no alcanzan para impedir el decomiso ni bloquear el avance de la ejecución sobre los bienes familiares.
A partir de ahora, el Estado podrá iniciar tareas de tasación, administración y eventual remate público de los activos alcanzados por la sentencia. El objetivo es recuperar parte del monto fijado por la condena vinculada a irregularidades en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La única instancia que le queda a la ex presidenta es recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema. No obstante, esa presentación no suspende el proceso de ejecución, por lo que las medidas patrimoniales podrán continuar mientras el máximo tribunal define si toma intervención en el caso.
