La jueza Preska definirá el lunes si suspende la entrega de YPF

En un litigio que pone en juego la soberanía energética del país y la integridad patrimonial de su principal empresa pública, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska definirá el próximo lunes 14 de julio si acepta el pedido de la Argentina para suspender la ejecución del fallo que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que demandaron por la expropiación de 2012.

El anuncio fue realizado por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el juicio en los tribunales de EE. UU. La decisión se convierte en una bisagra legal clave: de ser rechazada la solicitud argentina, podría abrirse la puerta a una transferencia forzada de una participación estratégica en la principal petrolera del país.

Este jueves, el Gobierno nacional presentó formalmente la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, adelantando incluso que recurrirá a la Corte Suprema estadounidense si el revés judicial persiste. El escrito subraya que la sentencia de Preska viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), principios de cortesía internacional, y constituye un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

Uno de los puntos más llamativos de la apelación es la referencia a un respaldo indirecto del gobierno de Donald Trump, a través de una Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU., que en su momento advirtió sobre los riesgos de establecer precedentes en contra de la inmunidad de los Estados soberanos.

Análisis crítico: entre fondos buitres y errores propios
Más allá del aspecto técnico del litigio, el caso YPF expone de manera cruda las consecuencias de decisiones políticas mal planificadas. La estatización de YPF, más allá de sus fundamentos estratégicos, se llevó a cabo sin cumplir con las cláusulas del estatuto societario de la propia empresa, lo que abrió la puerta a un juicio millonario en Nueva York.

En este contexto, la Argentina enfrenta no solo a fondos litigantes con experiencia en exprimir estados vulnerables —como Burford Capital—, sino también a los efectos de sus propios errores: una expropiación realizada sin acuerdo con los accionistas minoritarios y bajo criterios jurídicamente endebles.

La posible pérdida del control accionario sobre YPF no es solo un golpe económico, sino también simbólico: significaría entregar parte del dominio sobre los recursos energéticos a actores financieros internacionales, en un contexto en el que el país busca revalorizar su rol en el desarrollo del litio, Vaca Muerta y otras fuentes clave de energía.

En lugar de consolidar una política energética nacional a largo plazo, el Estado argentino se ve obligado a litigar en tribunales extranjeros, apelando a doctrinas de inmunidad soberana para frenar una sanción que, de ejecutarse, tendría impactos geopolíticos y económicos de primer orden.

La decisión de Preska del próximo lunes puede marcar un antes y un después. Pero más allá del fallo, la situación revela una vez más la fragilidad institucional y jurídica de las decisiones estratégicas adoptadas sin previsión, y el alto costo que tiene esa improvisación cuando se trata de soberanía y recursos nacionales.