La investigadora del INTA sancionada por sus estudios sobre agroquímicos en red de agua recurrirá a la Justicia

El caso vuelve a instalar el debate sobre el papel de los organismos públicos de investigación, la libertad académica y los intereses económicos que atraviesan el desarrollo de estudios relacionados con el modelo productivo y el impacto ambiental de los agroquímicos.

La decisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de exonerar a la científica Virginia Aparicio generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la comunidad científica y abrió un nuevo frente de conflicto.

La investigadora, especializada en el impacto de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente, apelará la medida por vía administrativa y posteriormente recurrirá a la Justicia para intentar revertir su desvinculación.

Así lo confirmó su abogado, Mario Bolla, quien cuestionó duramente los fundamentos de la sanción y adelantó que solicitará la nulidad del procedimiento. Según sostuvo, las acusaciones contra la profesional carecen de sustento y considera que existen elementos suficientes para demostrar que la decisión del organismo fue arbitraria.

La exoneración fue dispuesta por el Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, mediante la Resolución 366. En el documento se le atribuyen cuatro infracciones administrativas graves vinculadas con su desempeño como coordinadora del proyecto internacional Sprint, una investigación que analizó la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas.

Sin embargo, la propia resolución reconoce que Aparicio cumplió con sus tareas, que no obtuvo beneficios económicos personales y que no registraba antecedentes disciplinarios. Pese a estos elementos, el organismo resolvió aplicar la sanción más severa prevista dentro del régimen administrativo, dejando a la científica fuera de su puesto en la estación experimental del INTA en Balcarce.

El proyecto Sprint permitió identificar y documentar la presencia de más de 200 plaguicidas en distintas muestras. Entre los estudios realizados sobre personas se analizaron 73 casos en la provincia de Buenos Aires, incluyendo habitantes de zonas rurales y urbanas.

De acuerdo con los resultados difundidos por la investigadora, todas las personas examinadas presentaron rastros de glifosato en sus organismos. También se detectaron entre 6 y 13 tipos de plaguicidas en muestras de orina, entre 2 y 10 en sangre y hasta 18 en materia fecal.

La investigación había generado tensiones dentro del organismo desde junio de 2023, cuando las autoridades del INTA comunicaron la salida de Aparicio del proyecto y limitaron la difusión pública de los resultados obtenidos.

Para su defensor, el conflicto no puede separarse de los intereses económicos que rodean al modelo agroindustrial y al uso de productos químicos en la producción agrícola. Bolla sostuvo que el objetivo del trabajo científico no era imponer la prohibición de determinados herbicidas, sino estudiar sus efectos y las posibles consecuencias de su combinación con otras sustancias, como la atrazina.

El abogado también señaló que detrás de la discusión existen importantes intereses comerciales vinculados con las grandes compañías agroquímicas y los grupos económicos que participan del negocio agrícola.

El reclamo judicial para recuperar su puesto

La defensa de Aparicio adelantó que primero agotará las instancias administrativas mediante un pedido de reconsideración ante el propio Consejo Directivo del INTA. Posteriormente, si la sanción es ratificada y obtiene la aprobación de la Secretaría de Agricultura, avanzará ante la Justicia Federal.

El planteo judicial incluirá un pedido de nulidad de las actuaciones administrativas y una medida cautelar para conseguir la restitución de la investigadora en su cargo mientras se resuelve el conflicto.

Bolla también cuestionó que la resolución haya dejado abierta la posibilidad de remitir el expediente a la Oficina Anticorrupción y evaluar una eventual responsabilidad patrimonial de la científica. Según explicó, no existieron irregularidades en el manejo de los fondos del proyecto y aseguró que los recursos recibidos fueron debidamente auditados.

Además, advirtió que la exoneración podría tener consecuencias mucho más amplias que la pérdida de su puesto en el INTA, ya que también afectaría su continuidad dentro de la carrera científica del Conicet y su posibilidad de desempeñarse en universidades públicas nacionales.

Mientras avanzan las presentaciones, Aparicio manifestó que continuará concurriendo a su oficina en la sede del INTA Balcarce, pese al aislamiento institucional que, según denunció, atraviesa desde el inicio del proceso administrativo.

Repudio de la comunidad científica

La decisión contra la investigadora provocó cuestionamientos de organizaciones sindicales, académicas y distintos sectores vinculados con la ciencia, que expresaron su preocupación por las posibles consecuencias del caso sobre la libertad de investigación y la independencia de los organismos científicos.

Tras conocerse la resolución, Aparicio decidió romper el silencio que había mantenido durante buena parte del conflicto y publicó un descargo en sus redes sociales. Allí defendió el trabajo realizado y recordó la importancia de garantizar condiciones para investigar sin presiones ni censuras.

«En democracia no podemos vivir procesos de censura, de persecución, de falta de libertad para investigar. La ciencia se rebate con más ciencia, no con menos», expresó la científica.