La informalidad laboral en el país alcanza el 50%, equiparándose con el resto de Latinoamérica
Según el último informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la informalidad laboral en América Latina continúa siendo un desafío crucial, con Argentina y Brasil ahora en el promedio regional y México ligeramente por encima. Además, la mayoría de las naciones del Pacífico se están acercando, e incluso superando, el alarmante 70% de empleo no registrado.
En Argentina, la informalidad laboral ha alcanzado el 50%, situándose en línea con la media latinoamericana, aunque con la excepción de Chile, que registra un porcentaje menor, según datos de la OIT. Este panorama refleja una tendencia regional donde, a pesar de los esfuerzos, el empleo informal sigue siendo una realidad extendida.
El informe también revela que la tasa regional de ocupación tuvo un aumento mínimo del 1% el año pasado, mientras que la participación en la fuerza laboral disminuyó ligeramente. La recuperación del empleo sigue siendo impulsada principalmente por el crecimiento del sector informal en la mayoría de los países, con este tipo de empleo contribuyendo significativamente a la creación de puestos de trabajo en el período post-pandemia.
La informalidad laboral plantea preocupaciones más amplias, como las brechas de género, la desocupación juvenil y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La tasa de desempleo juvenil es más del doble que la tasa general, destacando la vulnerabilidad de este segmento del mercado laboral.
En Argentina, por ejemplo, se informa que alrededor de 800.000 personas están desempleadas, con un número significativo de jóvenes mujeres afectadas. Aunque se observa una ligera recuperación en la brecha de género en la región, la situación sigue siendo preocupante.
El informe de la OIT destaca la necesidad de medidas integrales para abordar la informalidad laboral, incluyendo la creación de más empleos formales, políticas de formación profesional y fortalecimiento de las instituciones laborales. Se enfatiza la importancia del diálogo social y la coordinación entre los sectores público y privado para garantizar la protección social y la sostenibilidad económica.
En resumen, se hace un llamado a los gobiernos de la región para que adopten políticas laborales efectivas que aborden estas preocupaciones y promuevan un mercado laboral más inclusivo y equitativo para todos los trabajadores.
