¿La inflación desacelera?: el Gobierno autoriza otro aumento de hasta 2,4% en la luz tras la suba del gas

En un escenario que despierta cuestionamientos, la desaceleración de la inflación convive con incrementos sostenidos en los servicios básicos. Mientras los índices oficiales muestran una tendencia a la baja, los ajustes mensuales en combustibles, gas y electricidad continúan presionando sobre el costo de vida, con efectos en cadena sobre otros precios, como los alimentos.

En ese contexto, apenas 24 horas después de habilitar nuevos aumentos en el gas, el gobierno de Javier Milei dio luz verde este martes a otra actualización en las tarifas eléctricas.

La medida, que comenzará a regir desde el 1° de abril, fue oficializada a través de múltiples resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), encabezado por Néstor Marcelo Lamboglia.

Los incrementos alcanzan a usuarios residenciales, comerciales e industriales, con subas que oscilan entre el 1,8% y el 2,4%, según la distribuidora. En el caso de Edesur, el ajuste es menor, mientras que Edenor aplicará el porcentaje más alto previsto en la normativa.

La decisión se inscribe dentro de la emergencia energética declarada por la actual gestión desde diciembre de 2023. Bajo ese marco, el Ejecutivo impulsa una recomposición de tarifas que, en la práctica, viene avanzando a un ritmo superior al de la inflación general, con el argumento de corregir distorsiones en los precios relativos de la economía.

En paralelo, la quita progresiva de subsidios profundiza el impacto en los hogares, especialmente en los sectores medios, que ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina al pago de servicios esenciales.

Desde el Gobierno sostienen que los ajustes responden a revisiones tarifarias de largo plazo y a la aplicación de indicadores como el Índice de Precios Internos al por Mayor y el Índice de Precios al Consumidor, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y la rentabilidad de las empresas distribuidoras durante el período regulatorio.

Sin embargo, el efecto inmediato se traduce en nuevas subas que alcanzan tanto a usuarios con subsidios como a quienes no los reciben, incluyendo también a entidades como clubes de barrio, que ya enfrentan dificultades para sostener sus costos operativos.