La emergencia en la UNM como síntoma de una crisis estructural en el sistema universitario público

La emergencia declarada por la UNM no solo describe una situación presupuestaria crítica, sino que funciona como síntoma de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema universitario, donde el financiamiento, las condiciones laborales y el acceso a la educación superior se encuentran en el centro del debate.

La declaración de emergencia salarial y presupuestaria por parte de la Universidad Nacional de Moreno no constituye un hecho aislado, sino la expresión de una crisis sistémica que atraviesa al conjunto de las universidades públicas argentinas.

La decisión, adoptada por unanimidad en su Consejo Superior, pone en evidencia no solo la insuficiencia de los recursos asignados, sino también las tensiones entre el sistema universitario y la política económica del gobierno nacional.

El recorte del 15% en la partida presupuestaria para 2026, respecto de lo solicitado por la propia universidad, revela una brecha creciente entre las necesidades reales de funcionamiento y las decisiones de asignación estatal. Esta distancia no es meramente técnica: implica una redefinición de prioridades que impacta directamente en la capacidad de las universidades para sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión.

Más aún, los datos acumulados desde 2024 muestran un deterioro progresivo. Durante 2025, la UNM debió cubrir con recursos propios un 36% adicional sobre los fondos transferidos por el Estado para gastos de funcionamiento. Este mecanismo, lejos de ser sostenible, evidencia un proceso de autofinanciamiento forzado que compromete áreas estratégicas y debilita el rol público de la institución.

En el plano salarial, la situación resulta aún más crítica. La pérdida de aproximadamente el 50% del poder adquisitivo de docentes y nodocentes desde fines de 2023 no solo refleja el impacto inflacionario, sino también la ausencia de políticas de recomposición acordes. El hecho de que un docente inicial perciba un salario inferior al mínimo vital y móvil no solo plantea un problema de justicia laboral, sino que cuestiona la viabilidad misma del sistema universitario en términos de calidad educativa y sostenibilidad profesional.

La falta de actualización de las becas estudiantiles profundiza, a su vez, las desigualdades en el acceso y permanencia en la educación superior. En este contexto, las becas dejan de cumplir su función como herramienta de inclusión y pasan a ser un recurso simbólicamente insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida.

A ello se suma el impacto sobre la infraestructura, la investigación y la extensión universitaria, áreas que suelen ser las primeras en resentirse frente a restricciones presupuestarias. La reducción de fondos en ciencia y tecnología no solo afecta el presente institucional, sino que compromete las capacidades de desarrollo a mediano y largo plazo.

En este escenario, el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en octubre de 2025 adquiere centralidad política. La suspensión de su implementación por parte del Poder Ejecutivo introduce un elemento adicional de conflicto institucional, al tensionar la relación entre el Congreso y el gobierno en materia de políticas educativas.

Finalmente, la decisión de incorporar la consigna por los 50 años del golpe de Estado en la comunicación oficial de la universidad no resulta menor. En un contexto de ajuste y disputa por el sentido de lo público, la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia refuerza el posicionamiento de las universidades como actores políticos y sociales, más allá de su función estrictamente académica.