La demora de Adorni en transparentar su patrimonio profundiza la crisis política dentro del oficialismo

Con la causa judicial en plena evolución y el regreso pendiente del fiscal Gerardo Pollicita para definir los próximos pasos, el futuro político de Adorni quedó atado a la consistencia de los documentos que presente y a la capacidad del Gobierno para contener una crisis que ya dejó de ser exclusivamente judicial para convertirse en un problema político de magnitud.

La situación de Manuel Adorni se convirtió en una nueva fuente de desgaste para el Gobierno nacional. Mientras avanza una investigación judicial en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete sigue sin presentar su declaración jurada patrimonial, pese a las crecientes presiones políticas y a los reiterados pedidos de transparencia dentro y fuera del oficialismo.

Aunque Javier Milei había asegurado semanas atrás que la documentación estaba “prácticamente lista”, la presentación ante la Oficina Anticorrupción continúa demorada. En la Casa Rosada admiten que la estrategia oficial apunta a llevar los tiempos al límite legal previsto para el 31 de julio, en un intento de minimizar el impacto político y mediático que podría generar la difusión de los bienes y movimientos financieros del funcionario.

Dentro del propio espacio libertario comenzaron a emerger señales de incomodidad. La decisión de Patricia Bullrich de adelantar su propia declaración jurada fue leída como un mensaje político hacia Adorni y como una forma de diferenciarse frente a un tema sensible para la credibilidad del Gobierno. A ese malestar se sumaron declaraciones de Victoria Villarruel y del senador Luis Juez, quienes reclamaron públicamente mayor claridad sobre la situación patrimonial del funcionario y elevaron la tensión interna.

El foco judicial está puesto en la evolución de los bienes de Adorni, especialmente tras la aparición de contratistas vinculados a reformas en propiedades privadas y gastos que despertaron sospechas en la Justicia. También se analizan operaciones inmobiliarias, viajes al exterior y presuntos vínculos con contrataciones en medios públicos, elementos que podrían agravar su situación procesal.

A pesar de las críticas y del creciente ruido político, Milei decidió sostener a uno de sus hombres de mayor confianza. Sin embargo, en sectores del oficialismo reconocen que la publicación de la declaración jurada podría abrir una nueva etapa de conflicto interno y exponer contradicciones en un gobierno que construyó parte de su discurso sobre la austeridad y la transparencia.