La crisis salarial llega a las Fuerzas Armadas: los militares ahora podrán trabajar como delivery
Por primera vez, el personal de las Fuerzas Armadas podrá desarrollar actividades laborales privadas fuera de su horario de servicio. La decisión del Ministerio de Defensa abre la puerta a que soldados, suboficiales y oficiales accedan a trabajos complementarios con el objetivo de reforzar sus ingresos en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios militares.
La medida autoriza a los efectivos a desempeñarse en diversas actividades compatibles con la función pública, incluyendo servicios vinculados al transporte de pasajeros, reparto mediante plataformas digitales, seguridad privada y otras tareas remuneradas.
En los hechos, implica que integrantes de las fuerzas podrán buscar una segunda fuente de ingresos para compensar el deterioro de sus haberes.
Aunque la iniciativa fue presentada oficialmente como una ampliación de las posibilidades laborales para el personal militar, también deja al descubierto las dificultades económicas que atraviesa el sector. Durante los últimos años, distintas organizaciones y referentes vinculados a la defensa advirtieron sobre el rezago salarial de los uniformados frente a la evolución del costo de vida y frente a los ingresos que ofrecen actividades equivalentes en el ámbito privado.
La resolución llega luego de reiterados reclamos por mejoras salariales y en medio de crecientes dificultades para sostener el nivel de vida de muchos efectivos. En este escenario, la autorización para realizar trabajos complementarios aparece más como una respuesta a las limitaciones económicas existentes que como una política orientada exclusivamente a ampliar derechos laborales.
El trasfondo del debate excede la cuestión salarial. Diversos especialistas en defensa vienen alertando sobre las dificultades para retener recursos humanos altamente capacitados dentro de las fuerzas. Profesionales con formación en áreas estratégicas como aviación, ingeniería, comunicaciones, medicina, logística y sistemas encuentran cada vez mayores incentivos para migrar hacia el sector privado, donde las remuneraciones suelen resultar más competitivas.
La pérdida de personal especializado no sólo representa un desafío para la estructura laboral militar, sino que también puede afectar capacidades operativas, procesos de capacitación y la planificación de largo plazo de las instituciones encargadas de la defensa nacional.
Además, la medida genera interrogantes sobre el aprovechamiento de los recursos invertidos por el Estado en la formación de cuadros especializados. Muchos efectivos reciben entrenamiento técnico y profesional durante años para cumplir funciones específicas vinculadas a la seguridad y la defensa, pero la necesidad de complementar ingresos podría llevarlos a desempeñar tareas alejadas de esas competencias.
En este contexto, la autorización para contar con un segundo empleo aparece como una solución transitoria frente a un problema de fondo: la creciente brecha entre los salarios militares y las necesidades económicas de quienes integran las Fuerzas Armadas.
Mientras no exista una recomposición que permita recuperar poder adquisitivo y mejorar las condiciones de permanencia, la discusión sobre la profesionalización y fortalecimiento de las fuerzas seguirá atravesada por una cuestión central: la dificultad para retener y valorar el capital humano formado por el propio Estado.
