2 de mayo de 2026

La Corte Suprema limita el poder comercial de Trump y declara ilegales sus aranceles globales

En un fallo de alto impacto institucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer aranceles generalizados sin autorización expresa del Congreso.

La decisión, adoptada por seis votos contra tres, representa un freno directo a una de las herramientas más controvertidas de la política económica y exterior del exmandatario.

El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y sostuvo que el Ejecutivo no puede atribuirse “facultades extraordinarias” para fijar aranceles de alcance y duración ilimitados sin una delegación clara del Poder Legislativo. Según el fallo, la invocación de poderes de emergencia resultó jurídicamente insuficiente para justificar la medida.

La sentencia tiene un peso político significativo. En los últimos años, el máximo tribunal —de perfil conservador— había respaldado a Trump en cuestiones clave, desde política migratoria hasta la remoción de funcionarios de agencias independientes y recortes presupuestarios. En ese contexto, el revés judicial adquiere un carácter simbólico: marca un límite institucional allí donde la Corte había mostrado deferencia hacia el Ejecutivo.

Desde una perspectiva crítica, el fallo reabre el debate sobre el uso expansivo de facultades presidenciales bajo el argumento de la emergencia económica o de seguridad nacional.

La estrategia arancelaria de Trump, presentada como un instrumento para proteger la industria estadounidense y presionar a socios comerciales, había generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos internos por sus efectos sobre precios, cadenas de suministro y reglas multilaterales.

Al declarar ilegales los aranceles, la Corte no solo cuestiona la base jurídica de la medida, sino que reafirma el principio de separación de poderes en materia comercial, históricamente compartida entre el Congreso y la Casa Blanca.

El fallo, en definitiva, introduce un contrapeso institucional a una concepción amplia del poder ejecutivo y condiciona futuros intentos de utilizar aranceles como herramienta unilateral de política exterior.

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