La Corte frenó una ofensiva del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario
Con esta decisión, la Corte no solo rechazó un recurso del Estado: también ratificó la autonomía de los tribunales para tramitar una causa que podría tener consecuencias significativas sobre la política presupuestaria del Gobierno y el futuro del financiamiento universitario en la Argentina.
En un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de planteos impulsados por la administración de Javier Milei para apartar a los magistrados que intervienen en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión representa un revés político y judicial para la Casa Rosada, que buscaba modificar la integración de los tribunales encargados de analizar el reclamo de las universidades nacionales.
El máximo tribunal resolvió desestimar la presentación del Estado nacional contra jueces que habían sido cuestionados por el oficialismo debido a sus vínculos académicos con universidades públicas. La estrategia del Gobierno apuntaba a apartar tanto al juez de primera instancia Diego Martín Cormick como a integrantes de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, bajo el argumento de que su actividad docente comprometía la imparcialidad requerida para intervenir en el expediente.
La controversia surgió a partir de la demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de distintas universidades del país, quienes cuestionan el decreto 759/2025. Esa norma estableció que la Ley de Financiamiento Universitario solo podría aplicarse una vez identificadas fuentes específicas de financiamiento y habilitadas las partidas presupuestarias correspondientes.
Para las universidades, la decisión del Ejecutivo constituye una limitación que dificulta la ejecución efectiva de una ley aprobada por el Congreso. Por esa razón, solicitaron a la Justicia que ordene al Estado garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario y la recomposición salarial de los docentes.
En su fallo, la Corte envió una señal clara respecto de los límites de las recusaciones planteadas por el Gobierno. Los jueces sostuvieron que desempeñarse como docente en una universidad pública no configura por sí mismo un interés personal en el resultado del litigio y remarcaron que las causales de apartamiento deben interpretarse de manera restrictiva para preservar el principio constitucional del juez natural.
La resolución también rechazó un intento aún más ambicioso del Poder Ejecutivo: que los propios integrantes de la Corte se excusaran de intervenir por mantener actividades académicas en instituciones universitarias. Para el tribunal, ese planteo carecía de sustento jurídico y resultaba improcedente desde el punto de vista procesal.
Más allá de los aspectos técnicos, la decisión adquiere relevancia política porque se produce en medio de una creciente confrontación entre el Gobierno y las universidades públicas. Desde el inicio de su gestión, Milei ha cuestionado reiteradamente el financiamiento de las casas de estudio, mientras rectores, docentes y estudiantes denuncian un proceso de desfinanciamiento que amenaza el funcionamiento del sistema.
El fallo no resuelve el fondo de la disputa, pero sí despeja el camino para que la causa continúe avanzando con los mismos magistrados que el Ejecutivo intentó remover. En términos institucionales, la resolución puede interpretarse como un límite a la estrategia gubernamental de cuestionar la intervención de jueces por razones vinculadas a su actividad académica.
