La Coalición Cívica denunció a Javier Milei por «estafa, cohecho y dádivas»
La Coalición Cívica, liderada por la exdiputada nacional Elisa Carrió, presentó este viernes una denuncia penal ante la Justicia contra el presidente de la Nación, Javier Milei.
El partido solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas, relacionados con la promoción de la criptomoneda $LIBRA que el mandatario hizo a través de sus redes sociales.
En un comunicado oficial, la Coalición Cívica confirmó la presentación judicial y detalló que la denuncia fue realizada a raíz de la controversia generada el pasado 14 de febrero, cuando Milei utilizó su cuenta de la red social X para promocionar esta criptomoneda. La denuncia menciona específicamente los artículos 256 y 259 del Código Penal, que tipifican los delitos de acción pública, y solicita que se investigue la posible participación de otros actores en un posible ilícito relacionado con la estafa.
«Venimos a peticionar que se investiguen los hechos que tomaron estado público el pasado día 14 de febrero, vía la red X, a través de la cuenta oficial del mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, por la posible comisión de delitos de acción pública o la posible participación en otros ilícitos penales», señala el comunicado de la Coalición Cívica.
En cuanto al pedido judicial, los denunciantes pidieron que se determinen las responsabilidades penales de funcionarios públicos y de todas las personas que pudieran estar involucradas, además de aclarar el grado de participación de cada uno en los hechos relatados.
«Estaríamos ante un presidente que promociona en su cuenta X una criptomoneda que estaría vinculada a estafas virtuales», advierten desde el partido.
El caso ha generado un fuerte revuelo en la opinión pública, ya que la promoción de criptomonedas, especialmente aquellas vinculadas a esquemas sospechosos de fraude, puede tener serias repercusiones legales. La denuncia no solo pone en el centro de la escena la figura presidencial, sino que también invita a una reflexión sobre las implicancias legales y éticas de los mensajes públicos promovidos por los funcionarios del más alto nivel.
Ahora, la Justicia deberá determinar si hay elementos suficientes para iniciar una investigación formal sobre los posibles delitos señalados por la Coalición Cívica.
