La Cámara Federal declara inconstitucional la desregulación de aumentos en prepagas
La Cámara Federal de La Plata ha tomado una decisión histórica en el ámbito de la medicina prepaga, al declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
Esta resolución, que surge a raíz de una acción de amparo presentada por un afiliado contra las compañías de salud YPF Obra Social y Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), establece que los aumentos en las cuotas de los servicios de salud deberán estar limitados al índice de inflación, específicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El caso se originó cuando un afiliado denunció un incremento injustificado del 78% en su cuota de medicina prepaga, atribuyendo este aumento a la desregulación promovida por el DNU impugnado. A pesar de que un juez de primera instancia había rechazado la acción de amparo, la Cámara Federal revocó esa decisión, argumentando que la desregulación de un servicio esencial, como la salud, excede las facultades del Ejecutivo. “El avance sobre el ámbito competencial propio del Congreso exige un fundamento serio y verificable”, advirtió el tribunal, subrayando que la urgencia invocada para justificar el decreto no estaba adecuadamente fundamentada.
La Cámara dejó sin efecto los aumentos aplicados por las prepagas a partir de enero de 2024 y reafirmó que corresponde al Ministerio de Salud, como Autoridad de Aplicación, autorizar y revisar las cuotas de estos servicios. En un contexto donde la emergencia del sistema de salud ha sido un tema recurrente, el tribunal destacó que esta situación no fue probada en el marco de la causa.
Además, se mencionó que la Superintendencia de Servicios de Salud había presentado una demanda ante la Justicia Federal de Buenos Aires, cuestionando los incrementos realizados por las empresas de medicina prepaga. Como resultado de un acuerdo en esa causa, se dispuso la devolución de las sumas cobradas que superaran el IPC a partir de diciembre de 2023.
El fallo de la Cámara, firmado por los camaristas Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Alvarez, no solo representa un avance en la defensa de los derechos de los afiliados a prepagas, sino que también establece un precedente en la regulación de tarifas en el sector salud, dejando en claro que las políticas de precios deben ser consensuadas y justificadas adecuadamente, evitando la arbitrariedad en un servicio tan esencial como lo es la atención médica.
