1 de junio de 2026

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordena la captura inmediata del ex gobernador Sergio Uribarri

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos emitió hoy una resolución que ordena la «inmediata captura» del ex gobernador Sergio Uribarri, tras considerar que existen riesgos de «frustrar los fines del proceso» en su contra. Esta decisión anula un fallo anterior que le había permitido continuar en libertad hasta que su condena fuera firme.

Ph: Agencia NA

El tribunal, compuesto por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, fundamentó su resolución en motivos suficientes que ameritaban la anulación de la resolución impugnada y la aplicación de prisión preventiva en una unidad carcelaria.

Según fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, los magistrados hicieron lugar a una apelación presentada por la fiscalía y destacaron la responsabilidad de Argentina en la lucha contra la corrupción, bajo los marcos de «tratados internacionales» que exigen un «deber de investigar, juzgar y castigar» estos delitos con mayor rigor.

El fallo señala que el cumplimiento de la sentencia condenatoria, que aún no es definitiva, se ha visto dilatado por «diversas maniobras» que podrían interpretarse como una falta de respeto hacia la vía recursiva o una intención de obstruir la causa penal. Los camaristas expresaron su preocupación por el riesgo de entorpecimiento de la investigación en curso.

Uribarri, quien ya enfrenta una condena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos desde 2022 por delitos de «peculado» y «negociaciones incompatibles», también tiene apelaciones en curso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la misma causa, otros dos ex funcionarios, el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y Juan Aguilera, también han sido condenados.

La decisión de la Cámara de Casación marca un nuevo capítulo en el caso Uribarri, que ha acaparado la atención pública en Entre Ríos y a nivel nacional, y reafirma el compromiso del sistema judicial en un contexto de creciente vigilancia contra la corrupción en la política argentina.

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