Kicillof obtiene luz verde para endeudarse: una ley clave tras negociaciones intensas y concesiones a la oposición

La aprobación representa un triunfo político para Kicillof, pero también evidencia que la gobernabilidad bonaerense depende crecientemente de acuerdos con sectores opositores. El desafío ahora será convertir ese margen legislativo en capacidad efectiva para sostener la obra pública, administrar la deuda y evitar mayores tensiones fiscales en un escenario nacional adverso.

La Legislatura bonaerense aprobó, tras una sesión extendida hasta la madrugada, la Ley de Financiamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, una pieza central para la estrategia fiscal de la provincia en un contexto de recorte de fondos nacionales y vencimientos de deuda inminentes.

El proyecto, que autoriza operaciones por más de 3.600 millones de dólares, requería una mayoría agravada de dos tercios, objetivo que el oficialismo logró alcanzar luego de semanas de negociaciones internas y acuerdos puntuales con sectores opositores.

La Cámara de Diputados dio el primer paso con el respaldo de un abanico de bloques que incluyó a Unión por la Patria, la UCR + Cambio Federal, Somos Buenos Aires, la Coalición Cívica, Nuevos Aires, Unión y Libertad y una parte del PRO. La combinación de apoyos y ausencias estratégicas facilitó que el peronismo obtuviera la mayoría especial, y horas después el Senado completó la sanción.

Detrás del aval legislativo hubo un paquete de concesiones clave. El oficialismo aceptó avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Provincia, ampliando de ocho a nueve el número de directores y creando un consejo de vocales y síndicos asociados, lo que abre espacios de representación para la oposición. También se acordaron nuevos cargos en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelación, parte de un reequilibrio institucional buscado por las bancadas dialoguistas.

Otro punto central del entendimiento fue la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que prevé hasta 350 mil millones de pesos para los 135 distritos. El fondo —condicionado a la efectiva colocación de la deuda autorizada— destinará el 70% de los recursos según el Coeficiente Único de Distribución y el 30% a programas provinciales de infraestructura, ambiente y transporte. Además, se condonaron deudas municipales vinculadas a los fondos COVID, una demanda sostenida por intendentes de distintos espacios políticos.

En el plano financiero, la ley habilita endeudamiento en dos tramos principales, además de Letras del Tesoro, préstamos para la empresa provincial de energía y financiamiento para Aubasa. El gobierno provincial argumenta que estas herramientas son indispensables para enfrentar vencimientos pesados heredados —incluidos más de 800 millones de dólares en compromisos en moneda extranjera—, reactivar obras públicas paralizadas tras el ajuste de la Nación y cubrir áreas críticas afectadas por la caída de transferencias federales.