Kicillof desafía al pacto fiscal de Milei y acusa a los gobernadores dialoguistas de “canjear derechos por deudas”
La tensión entre la confrontación y el pragmatismo vuelve a dividir a los gobernadores: mientras algunos buscan mantener canales de diálogo con la Nación para garantizar recursos, Kicillof apuesta por un perfil combativo que lo posiciona como el principal referente opositor frente al proyecto político y económico del presidente Milei.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó el tono de la disputa política con la Casa Rosada y con sus pares provinciales que buscan un acuerdo con el Gobierno nacional.
En un acto en Florencio Varela, el mandatario acusó al presidente Javier Milei de utilizar la negociación de deudas como una herramienta de presión legislativa: “Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores para negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”, lanzó.
El mensaje no solo apuntó al Ejecutivo nacional, sino también a los mandatarios provinciales autodenominados “dialoguistas”, a quienes Kicillof acusa de avalar con su silencio un esquema de condicionamiento fiscal. “Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, remarcó, aludiendo a su exclusión de las recientes reuniones en la Casa Rosada.
El trasfondo del conflicto es la negociación por fondos retenidos y deudas que la Nación mantiene con las provincias, mientras el oficialismo nacional busca apoyo legislativo para avanzar con su paquete de reformas económicas y administrativas. En ese marco, Kicillof intenta diferenciarse como el principal opositor a la estrategia de Milei, que combina ajuste presupuestario con la promesa de alivio financiero a cambio de respaldo político.
La intervención del gobernador bonaerense expone la fractura del bloque federal en un contexto de crisis fiscal y centralización del poder económico. Su discurso, centrado en la defensa del gasto público y las obras paralizadas, busca reinstalar la discusión sobre el costo social del ajuste, en contraposición a la lógica de negociación que, según denuncia, convierte las deudas provinciales en moneda de cambio legislativa.
