Juristas militares de EE. UU. condenan órdenes de ataque en el Caribe y advierten que constituyen crímenes de guerra
La organización denunció que las autorizaciones dadas por el gobierno estadounidense, incluyendo el hundimiento deliberado de embarcaciones civiles extranjeras y la muerte de sus ocupantes, violan el Derecho Internacional Humanitario y las leyes internas de EE. UU.
Expertos en derecho militar del Grupo de Trabajo de Derecho Militar del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos (MLTF) emitieron un enérgico pronunciamiento en el que rechazan las recientes órdenes de ataque en el mar Caribe, advirtiendo que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra bajo la legislación internacional y estadounidense.
El MLTF criticó duramente las justificaciones del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del Secretario de Estado, Marco Rubio, quienes sostienen que esas operaciones se realizan en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Los juristas señalaron que, en ausencia de un conflicto armado declarado o una amenaza inminente, estos ataques a embarcaciones civiles carecen de base legal y representan ejecuciones extrajudiciales que vulneran el derecho a la vida y el debido proceso.
Asimismo, alertaron que calificar estos incidentes como actos de guerra, basándose en pretextos cuestionables, podría escalar la tensión regional y abrir la puerta a un conflicto militar mayor o una invasión. Por ello, hicieron un llamado urgente al Congreso de EE. UU. para que investigue estos hechos, exigiendo la apertura de audiencias y la posible instauración de artículos de juicio político contra los responsables de emitir dichas órdenes.
Entre sus propuestas, los expertos demandaron la promulgación de legislación que prevenga futuras violaciones y asegure que las fuerzas armadas actúen conforme a la ley internacional y los derechos humanos. La denuncia de los juristas se suma a las voces de organismos internacionales y defensores de derechos humanos que consideran que la estrategia militar estadounidense en el Caribe, en especial en relación con Venezuela, viola sistemáticamente los principios del derecho internacional, poniendo en duda la legalidad de la política exterior de Washington en la región.
