16 de julio de 2025

Juliana Di Tullio denunció amenazas de trolls oficialistas: una alerta sobre la violencia digital y la erosión institucional

La legisladora de Unión por la Patria puso el foco en una serie de publicaciones en redes sociales que circularon en los últimos días y que incluyen amenazas explícitas hacia el Congreso, entre ellas simulaciones de ataques armados con videos generados por inteligencia artificial.

La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una denuncia judicial contra lo que describió como “milicias digitales del gobierno nacional”, acusándolas de emitir amenazas que, en su opinión, configuran un atentado contra el orden constitucional.

“Nos amenazaron a todos los senadores”, afirmó Di Tullio, quien advirtió que el material difundido, lejos de ser considerado una sátira o una expresión del descontento político, tiene una carga simbólica grave al apuntar contra el Poder Legislativo como institución de la democracia representativa. Uno de los videos señalados muestra tanques de guerra —conducidos por una recreación del presidente Milei— disparando contra el Congreso, lo que la senadora calificó como “una incitación directa a la violencia institucional”.

La denuncia abre una discusión más amplia sobre el rol de los entornos digitales en la política contemporánea. Lejos de tratarse de simples cuentas anónimas, Di Tullio sugiere que estos “trolls” forman parte de una estrategia deliberada desde el oficialismo para presionar, intimidar y deslegitimar a quienes disienten. El fenómeno no es nuevo, pero adquiere un cariz distinto cuando se produce en un clima de polarización creciente y con herramientas tecnológicas que amplifican el impacto simbólico de los mensajes violentos.

En este contexto, la senadora fue cuidadosa en aclarar que su denuncia no busca “judicializar la política ni criminalizar ideas”, pero sí trazar un límite frente a contenidos que —por su forma y alcance— ya no pueden interpretarse como ironía. El recurso a la inteligencia artificial para simular violencia estatal representa un salto cualitativo en la agresividad digital, y plantea un dilema institucional: ¿cuándo un contenido viral deja de ser discurso político y pasa a constituir una amenaza real?

La comparación con la causa contra la dirigente Eva Mieri —acusada sin pruebas de arrojar excremento en el domicilio del diputado José Luis Espert— también fue parte del mensaje político de Di Tullio. La senadora denunció una “desproporción” en el tratamiento judicial de ambos casos, sugiriendo que el sistema penal actúa con mayor celeridad ante acusaciones contra dirigentes opositores que frente a amenazas explícitas dirigidas a la estructura del Estado.

Aunque por ahora la denuncia fue presentada de manera individual, Di Tullio anticipó que otros bloques parlamentarios se sumarían en los próximos días. La decisión, señaló, responde a la necesidad de proteger el funcionamiento de las instituciones democráticas frente a un fenómeno que ya no se limita al campo de la provocación retórica.

Lo que está en juego va más allá del agravio individual: el avance de una cultura política que naturaliza la violencia digital como parte del debate público. En esa línea, el silencio o la ambigüedad oficial frente a estas amenazas genera interrogantes sobre los límites que el propio gobierno está dispuesto a respetar en su vínculo con el sistema republicano.

La denuncia de Di Tullio, más allá de su recorrido judicial, instala un alerta institucional sobre el modo en que el clima político digital puede convertirse en un factor de erosión democrática. En tiempos donde las redes sociales concentran buena parte del debate público, la legitimidad de las instituciones también se defiende en el terreno simbólico. Y allí, las palabras —y las imágenes— tienen consecuencias.

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