Javier Milei reglamentó el Fondo Laboral y reabrió el debate por las indemnizaciones

La medida reavivó las críticas de sectores sindicales y especialistas, que advierten sobre posibles cambios estructurales en el sistema tradicional de indemnizaciones.

El Gobierno nacional avanzó este lunes en la implementación de uno de los puntos más discutidos de la reforma laboral al reglamentar el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar obligaciones derivadas de desvinculaciones laborales en el sector privado.

La reglamentación quedó formalizada a través del Decreto 408/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo. La norma establece los procedimientos para la conformación, administración y utilización de los fondos previstos en la reforma.

Según el esquema diseñado por el Ejecutivo, los empleadores podrán constituir cuentas individuales administradas mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). A través de estos instrumentos se acumularán recursos destinados a afrontar futuras obligaciones laborales vinculadas a la finalización de contratos de trabajo.

Desde la perspectiva oficial, el sistema busca generar previsibilidad para las empresas, reducir la litigiosidad laboral y crear mecanismos alternativos de cobertura frente a eventuales indemnizaciones. Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que el nuevo esquema podría modificar el equilibrio histórico entre empleadores y trabajadores, al reemplazar parcialmente el modelo tradicional de responsabilidad directa por uno basado en fondos previamente constituidos.

Otro de los puntos que genera controversia es el tratamiento fiscal previsto para las contribuciones al FAL. La reglamentación establece beneficios impositivos para las empresas que realicen aportes al sistema, una decisión que para sus críticos implica una transferencia de recursos públicos orientada a aliviar costos laborales del sector privado.

El mecanismo contempla que, ante una desvinculación alcanzada por el régimen, la entidad administradora transfiera los fondos correspondientes al trabajador una vez cumplidos los requisitos establecidos. La responsabilidad sobre el cálculo de la compensación seguirá recayendo en el empleador.

Más allá de los aspectos operativos, el debate de fondo gira en torno al modelo de relaciones laborales que impulsa el Gobierno. Mientras el oficialismo sostiene que la medida moderniza el mercado de trabajo y fomenta la contratación formal, sus detractores consideran que podría debilitar la protección de los trabajadores frente a los despidos y reducir el costo económico de las desvinculaciones para las empresas.

La reglamentación del FAL representa así un nuevo capítulo en la transformación laboral promovida por la administración de Milei, una agenda que continúa generando fuertes discusiones sobre sus efectos futuros en el empleo, los derechos laborales y el sistema de seguridad social.