Javier Milei afirmó un “consenso absoluto” de los gobernadores por la reforma laboral

La proclamada “unidad en la acción” podría, así, esconder una peligrosa homogeneidad discursiva: la de un gobierno que confunde la adhesión parcial con consenso nacional, y que avanza hacia transformaciones profundas sin garantizar la pluralidad de voces que la institucionalidad republicana exige.

El presidente Javier Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo en Casa Rosada con 20 gobernadores y aseguró que “hay consenso absoluto para la reforma laboral”.

Sin embargo, la convocatoria estuvo marcada por la ausencia de los mandatarios provinciales más críticos y por la exclusión deliberada de aquellos identificados con el peronismo, lo que relativiza el carácter de ese supuesto consenso.

La estrategia presidencial parece apuntar a construir una narrativa de aval federal a sus reformas estructurales, pese a que la mesa de diálogo no incluyó a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) ni Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Consultado por esas ausencias, Milei justificó que no se puede dialogar con quienes “repiten el catecismo marxista” y a quienes acusó de ser responsables de “la decadencia de los últimos 100 años”. La exclusión de voces opositoras, no obstante, pone en duda el verdadero alcance político de la reunión, más cercana a una demostración de afinidades ideológicas que a una búsqueda de acuerdos institucionales amplios.

En su exposición, Milei volvió a defender la reforma laboral como un cambio “que le va a cambiar la vida a los pequeños y medianos empresarios”, y sostuvo que “los trabajadores no van a perder derechos, sino a ganarlos”. El argumento presidencial, sin embargo, se apoya en una premisa cuestionable: la idea de que flexibilizar las condiciones de contratación generará automáticamente empleo formal. La experiencia reciente en América Latina muestra que las reformas laborales de corte liberal suelen traducirse en mayor precarización, no en mayor formalización.

El Presidente también insistió en ligar los salarios a la productividad individual, una fórmula que, en contextos de desequilibrio de poder entre empleadores y trabajadores, puede profundizar la desigualdad y erosionar los convenios colectivos. Su visión, de fuerte impronta empresarial, deja en segundo plano la dimensión social del trabajo y tiende a reducirlo a un mero factor económico.

En cuanto al vínculo con las provincias, Milei buscó dar señales de cooperación al destacar que existe un “acuerdo total” sobre el déficit cero como política de Estado. Sin embargo, evitó dar definiciones concretas sobre uno de los reclamos centrales de los mandatarios: la coparticipación. El Presidente admitió que el debate sobre la correspondencia fiscal —es decir, que cada provincia recaude lo que gasta— es “necesario”, pero sostuvo que “no es el momento” para discutirlo. Esa postergación, en la práctica, relega a las provincias a un papel subordinado en un esquema de concentración de recursos en el poder central.

El encuentro en Casa Rosada, más que un ejercicio de federalismo, parece haber sido una puesta en escena destinada a consolidar una imagen de fortaleza política y apoyo territorial en torno al programa de reformas. Milei intenta legitimar su agenda económica a través del diálogo con sectores afines, mientras margina las disidencias que podrían enriquecer —aunque también desafiar— el debate democrático.