Italia bajo presión europea por el retorno de solicitantes de asilo mientras España y Francia toman distancia
El enfrentamiento vuelve a dejar en evidencia las dificultades de la UE para aplicar una política migratoria común y equilibrar las obligaciones entre los Estados miembros.
El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo abrió un nuevo conflicto entre los países de la Unión Europea por la responsabilidad sobre los solicitantes de asilo que ingresaron al bloque a través de Italia. Suecia se sumó a Alemania, Suiza, Austria y Finlandia en su intención de trasladar a territorio italiano a los llamados “dublinantes”, mientras España y Francia decidieron, al menos por ahora, no avanzar en esa dirección.
Italia mantiene suspendidos estos traslados desde finales de 2022, pese a que las normas europeas establecen que el país considerado responsable de una solicitud debe recibir al migrante. La Comisión Europea ya cuestionó la posición de Roma y advirtió que un Estado receptor no puede rechazar unilateralmente un traslado y, cuando existan dificultades para concretarlo, debe proponer una fecha alternativa. El nuevo pacto, vigente desde el 12 de junio, además amplió hasta 20 meses el período durante el cual el país de primera entrada puede ser considerado responsable del solicitante.
La dimensión del conflicto se refleja en las cifras: entre 2023 y 2025, Italia recibió 109.427 pedidos de traslado procedentes de otros países europeos. Solo en 2025 fueron más de 24.000, mientras que miles de solicitudes continúan pendientes. Alemania concentra una parte importante de esos pedidos, aunque un acuerdo alcanzado a finales de 2025 dejó fuera unos 14.000 casos procedentes de ese país y Francia.
La negativa italiana también se ha convertido en un problema político para el Gobierno de Giorgia Meloni. La oposición acusa a la primera ministra de haber promovido durante años un discurso de firmeza migratoria sin conseguir que Italia obtenga una distribución efectiva de las responsabilidades dentro de Europa. En contraste, España defiende utilizar los mecanismos de solidaridad previstos por el nuevo pacto, mientras Francia apuesta por mantener la cooperación con Roma antes que recurrir a devoluciones.
El escenario plantea una contradicción difícil de ocultar: mientras los gobiernos europeos buscan reforzar el control migratorio y repartir responsabilidades, las decisiones unilaterales siguen predominando. Italia reclama apoyo europeo, pero simultáneamente bloquea traslados que considera inconvenientes; otros países exigen el cumplimiento de las reglas, pero no existe consenso sobre cómo aplicarlas.
La disputa muestra que el nuevo pacto migratorio, lejos de cerrar las fracturas internas, comienza a ponerlas nuevamente en primer plano.
