Investigan la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y la fiscalía pidió informes a Migraciones
Los pedidos de la fiscalía forman parte de una etapa inicial de la investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad penal. El esclarecimiento dependerá de la documentación reunida y de la evaluación judicial sobre la existencia de posibles irregularidades y la eventual participación de funcionarios públicos.

La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó medidas preliminares para esclarecer las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó y salió del territorio argentino rumbo a Miami, Estados Unidos, consignó la periodista Vanesa Petrillo (Minutouno).
La investigación se originó a partir de denuncias contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo por una presunta colaboración para facilitar el traslado del dirigente brasileño.
De acuerdo con fuentes judiciales, Ochoa solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, una serie de diligencias para reconstruir los movimientos del dirigente. Entre los requerimientos figuran informes a la Dirección Nacional de Migraciones y el acceso a imágenes de las cámaras de seguridad vinculadas con el recorrido investigado.
El expediente busca determinar si durante los procedimientos migratorios se incumplieron disposiciones legales, particularmente aquellas relacionadas con la obligación de declarar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales, cuando corresponda según la normativa vigente.
Las denuncias presentadas ante los tribunales federales de Comodoro Py por el diputado Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano apuntan a establecer si existió algún tipo de coordinación entre organismos estatales argentinos para posibilitar la salida de Bolsonaro.
Según los planteos, el dirigente habría cruzado la frontera, abordado un avión privado y continuado su viaje hacia Estados Unidos, pese a las restricciones judiciales que presuntamente pesaban sobre él en Brasil.
Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en determinar si las autoridades argentinas estaban al tanto de esas medidas judiciales y, en caso afirmativo, si tenían la obligación legal de intervenir. La Justicia deberá establecer si existieron omisiones administrativas, irregularidades en los controles o acciones deliberadas para facilitar su traslado.
Desde el Gobierno argentino, en tanto, sostuvieron que Flávio Bolsonaro y sus familiares ingresaron al país con documentación de viaje válida y que los sistemas migratorios nacionales no registraban impedimentos legales para su ingreso.
El avance de las medidas preliminares busca establecer qué ocurrió durante el paso de Bolsonaro por Argentina y si los procedimientos se ajustaron a las normas vigentes.
Los informes migratorios y las imágenes de seguridad podrían aportar elementos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué información estaba disponible para las autoridades.
