Indignación en EE.UU.: protestas contra el ICE tras el asesinato de una mujer
Las protestas, lejos de disiparse, parecen marcar un nuevo punto de tensión entre el Estado y la ciudadanía, en un país que vuelve a enfrentarse al dilema de cómo equilibrar seguridad, derechos humanos y control migratorio sin recurrir a la violencia letal como respuesta.
La muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años abatida de un disparo en el rostro por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, desató una ola de protestas en distintas ciudades de Estados Unidos y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza, la criminalización de la migración y los límites del accionar policial bajo la actual administración de Donald Trump.
El hecho ocurrió cuando agentes del ICE intentaron detener el vehículo de Good, quien perdió el control de su camioneta durante la persecución. La respuesta letal de los efectivos no solo generó conmoción por tratarse de una ciudadana estadounidense, sino que también puso en evidencia un patrón de violencia institucional que organizaciones civiles y sectores de la sociedad vienen denunciando desde hace meses.
Minneapolis fue el epicentro de las primeras manifestaciones, un dato cargado de simbolismo. La ciudad aún arrastra la memoria del asesinato de George Floyd en 2020, un caso que marcó un punto de inflexión en la discusión sobre el racismo estructural y la brutalidad policial. En esta ocasión, las protestas se desarrollaron de forma pacífica, con manifestantes que exhibieron carteles contra el ICE y banderas mexicanas en señal de respaldo a la comunidad migrante, reforzando el carácter político y solidario de la movilización.
La indignación rápidamente se trasladó a otros centros urbanos. En Nueva York, unas 400 personas se congregaron frente a las oficinas del ICE en Manhattan, mientras que en Chicago y en Dublin, Ohio, también se registraron movilizaciones, incluso con la participación de estudiantes secundarios. La extensión geográfica de las protestas refleja un malestar que excede el caso puntual y apunta a un modelo de control migratorio cada vez más militarizado.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump profundizó su agenda antimigratoria con redadas masivas y operativos violentos, especialmente en estados gobernados por el Partido Demócrata. Aunque el presidente intentó recurrir a fuerzas federales para reprimir las protestas contra el ICE, la Justicia bloqueó reiteradamente esas iniciativas. Sin embargo, los frenos institucionales no lograron contener una escalada de abusos que, según denuncias recurrentes, incluye detenciones arbitrarias, golpizas y muertes durante procedimientos.
El asesinato de Good resulta particularmente revelador: no se trató de una persona indocumentada, sino de una ciudadana estadounidense que quedó atrapada en la lógica de sospecha permanente que rige las operaciones del ICE. Este dato refuerza la crítica de que la política migratoria actual no solo afecta a extranjeros, sino que erosiona derechos civiles básicos y amplía el margen de violencia estatal.
Desde las organizaciones comunitarias, el repudio fue contundente. “Estamos indignados”, expresó Baltazar Enriquez, referente del Consejo Comunitario de Little Village en Chicago, al denunciar lo que definió como un crimen injustificable cometido por agentes federales. Sus palabras sintetizan el clima de dolor y furia que atraviesa a amplios sectores de la sociedad estadounidense, cada vez más alarmados por el costo humano de una estrategia de seguridad basada en la confrontación y el miedo.
