Indemnización a víctimas de trata laboral: una reparación tardía en una Argentina donde aún se trabaja en condiciones esclavistas

La resolución judicial, si bien representa un paso en el camino hacia la justicia, también desnuda la persistencia de regímenes de esclavitud moderna en pleno siglo XXI.

En un caso que expone crudamente las zonas grises —y muchas veces invisibilizadas— del mundo laboral argentino, diez trabajadores sometidos a trata laboral en condiciones infrahumanas en Salta recibirán una indemnización total de 15 millones de pesos, a modo de reparación por los daños físicos y psicológicos sufridos durante su explotación.

El caso ocurrió en noviembre de 2023, cuando un operativo conjunto entre fuerzas judiciales, la policía provincial y organismos de fiscalización laboral detectó una situación alarmante en la finca “Suri Blanco”, ubicada en Joaquín V. González, al sur de Salta. Allí, trabajadores dedicados al desmonte eran mantenidos hacinados en un tráiler, sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de higiene, y obligados a utilizar sus propias herramientas para trabajar. Una imagen que remite más al siglo XIX que a la actualidad.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal, los trabajadores eran captados, trasladados y retenidos por Ángel Gustavo Enríquez, el principal imputado, quien les ofrecía un salario quincenal de $100.000, del cual descontaba $30.000 por alimentos que él mismo les vendía. Un sistema perverso donde el empleador no solo explotaba su fuerza de trabajo, sino también los insumos básicos de subsistencia.

El caso fue tipificado como trata de personas con fines de explotación laboral, en las modalidades de captación y traslado, y derivó en una causa penal cuya pena prevé entre cuatro y ocho años de prisión. Pero, como suele ocurrir en la justicia argentina, la solución adoptada fue un acuerdo reparatorio económico: cada trabajador recibirá $1.500.000, monto que si bien representa un reconocimiento legal del daño, está lejos de compensar años de vulneración sistemática de derechos humanos.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, junto a su equipo, logró una resolución homologada por el juez de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, que fue calificada por la defensa de los trabajadores como una “salida superadora”. Pero el verdadero problema no está en este caso puntual, sino en lo que revela: el Estado sigue llegando tarde, actuando recién después del daño consumado y sin estructuras de control sostenido que eviten la repetición de estas prácticas.

Este caso debería encender una alarma nacional: la trata laboral no es un fenómeno aislado, ni exclusivo de las provincias del norte. Es parte estructural de un modelo económico que, ante la falta de empleo formal y el debilitamiento de los organismos de control, naturaliza la explotación como forma de subsistencia.

La informalidad extrema, la tercerización encubierta, el trabajo rural sin registrar y las condiciones de semiesclavitud son moneda corriente en numerosos sectores productivos del país. Y ante ese panorama, las sanciones económicas —por necesarias que sean— resultan insuficientes si no se acompañan de una política integral que erradique la impunidad laboral.

La indemnización a los trabajadores rescatados en Salta es una victoria parcial. Pero la verdadera justicia llegará cuando ningún argentino tenga que aceptar vivir hacinado en un tráiler y trabajar con su propio machete para poder comer. Mientras eso siga ocurriendo, hablar de “reparación” será apenas una aspirina frente a una enfermedad sistémica que el país aún no se atreve a tratar de fondo.