Impacto de la apertura comercial en la industria de Tierra del Fuego: más de 2.000 empleos en riesgo
La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de dispositivos móviles mediante el decreto 333 plantea un escenario de profunda incertidumbre para la soberanía productiva de Tierra del Fuego.
Esta medida no representa únicamente un cambio en la política aduanera sino que pone en riesgo directo la estabilidad de aproximadamente 2.500 familias que dependen de la fabricación local. La justificación oficial basada en la reducción de precios finales para el consumidor se enfrenta a una contradicción histórica.
Experiencias previas como la desregulación en el mercado de computadoras portátiles durante el periodo 2015 a 2019 demostraron que la eliminación de la protección industrial no garantiza una baja de costos para el usuario sino que suele traducirse en una mayor transferencia de rentas hacia los importadores mientras se desmantela el tejido laboral interno.
Fragilidad del ecosistema económico regional
El impacto de esta apertura no debe medirse de forma aislada en las líneas de montaje de las fábricas electrónicas. Existe una interdependencia crítica en la economía fueguina donde cada puesto de trabajo industrial perdido genera un efecto dominó sobre el sector comercial el transporte y la logística local.
Al afectar al 83 por ciento de la fuerza laboral del sector electrónico el Estado nacional ignora las particularidades de un régimen que sostiene la ocupación territorial en una zona estratégica de Argentina. El argumento de combatir supuestos privilegios industriales simplifica una realidad compleja y omite que el verdadero costo de estas políticas es la desocupación y el debilitamiento del consumo interno en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
