Guillermo Francos responsabiliza al Congreso por la Ley de Discapacidad

En un país donde la crisis económica ya erosiona el acceso a derechos básicos, el mensaje oficial trasciende la cuestión presupuestaria. El Gobierno reitera su voluntad de avanzar en reformas laborales y tributarias, pero coloca en un segundo plano a una de las poblaciones más vulnerables.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a ubicarse en el centro de la polémica tras justificar la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a haber sido promulgada por el Poder Ejecutivo.

En declaraciones radiales, sostuvo que “falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”, apuntando a una supuesta falta de previsión presupuestaria como motivo para frenar su aplicación.

Francos apeló a la Ley 24.156 de Administración Financiera para argumentar que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”, lo que, según él, no ocurrió en este caso. Bajo esa interpretación, la norma queda automáticamente suspendida. De lo contrario, advirtió, él mismo podría ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La explicación técnica, sin embargo, abre un debate político y ético de fondo: ¿se trata de una aplicación estricta de la normativa fiscal o de una maniobra para desactivar una ley que implica un fuerte compromiso social? La justificación de que no hay fondos suficientes para atender a 1,3 millones de pensiones por discapacidad, con un costo estimado de 3 billones de pesos, refleja la tensión entre las restricciones fiscales del Gobierno y los derechos de un sector históricamente postergado.

El discurso de Francos, que desliza la responsabilidad hacia el Congreso, deja entrever una estrategia de confrontación institucional: el Ejecutivo se protege en la legalidad de la suspensión, pero se desentiende del costo político y social de haber habilitado una norma que, en los hechos, queda sin efecto. La paradoja es evidente: se promulga una ley para cumplir con la formalidad, pero se la suspende invocando la falta de recursos.

Así, la Ley de Emergencia en Discapacidad se convierte en un espejo incómodo: muestra hasta qué punto las prioridades fiscales y los compromisos con el ajuste prevalecen sobre políticas de inclusión y protección social.