Granja Tres Arroyos: Denuncian «farsa de la crisis», explotación, recorte salarial y despidos
La situación en la empresa Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, continúa siendo crítica tras un conflicto laboral que se inició en febrero. Este enfrentamiento se desencadenó por despidos y reducciones salariales, que han persistido a lo largo de marzo.
Recientemente, los empleados denunciaron que la administración ha endurecido su postura, imponiendo una reducción salarial del 9% sin ofrecer posibilidad de discusión. En algunos casos, los trabajadores se ven obligados a firmar documentos en blanco, que posteriormente serán completados por la empresa.
Además de los recortes, se ha reportado que la empresa avanza en la flexibilización de las condiciones laborales, promoviendo retiros «voluntarios» y llevando a cabo despidos, utilizando a menudo causas que datan de años atrás. Aunque la empresa justifica estas medidas por un supuesto escenario de crisis, datos del Centro de Procesadoras Avícolas revelan una realidad distinta: Granja Tres Arroyos produce 700,000 pollos diarios, representando el 20% de la producción nacional y generando ingresos de US$ 1,300 millones a través de exportaciones a 67 países.
El sector avícola también presenta nuevas oportunidades, con la apertura de mercados en Corea del Sur y el sudeste asiático, así como la reactivación de exportaciones a China, lo que pone en duda la justificación de crisis presentada por la compañía.
El 17 de marzo, la empresa despidió a varios empleados alegando «abandono de trabajo», afectando a operarios con lesiones laborales crónicas, quienes no pueden retomar sus funciones originales. Los trabajadores denuncian que se utiliza el argumento de la falta de «puestos alternativos» para justificar despidos injustificados, lo que revela una estrategia de la firma que puede considerarse persecutoria, especialmente hacia aquellos involucrados en reclamos sindicales.
Granja Tres Arroyos se ampara en diversos artículos del Convenio Colectivo de Trabajo para justificar sus acciones. Sin embargo, los empleados aseguran que el proceso de evaluación médica es una «trampa», ya que el médico laboral determina la incapacidad de los trabajadores para regresar a su puesto, a pesar de que no existen vacantes en otras áreas. Esto permite a la empresa evadir indemnizaciones correspondientes, recurriendo al artículo 244 y alegando «abandono de trabajo».
