Gil Lavedra desmonta el mito de la “industria del juicio” y expone el trasfondo político de la reforma laboral

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), encabezado por Ricardo Gil Lavedra, salió al cruce de lo que considera una campaña sostenida de desinformación sobre la supuesta “industria del juicio”.

Con datos oficiales en mano, la entidad cuestionó el uso de cifras falsas y discursos estigmatizantes contra abogados y trabajadores, a los que se responsabiliza de la falta de empleo para justificar una reforma laboral regresiva.

Según el CPACF, entre 2014 y 2023 las sentencias definitivas en la Justicia Nacional del Trabajo representaron apenas el 0,5% anual de la fuerza laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires. Este indicador, lejos de avalar la idea de una litigiosidad masiva, muestra que las demandas laborales no son ni abusivas ni crecientes. De hecho, las variaciones interanuales son moderadas, contradiciendo el relato de un sistema colapsado por juicios.

Uno de los puntos centrales del documento es el señalamiento de que la gran mayoría de los litigios no se dirigen contra las empresas, sino contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En consecuencia, la imagen de una pequeña o mediana empresa arruinada por una demanda laboral es, según el Colegio, una distorsión interesada que no se corresponde con la realidad estadística.

Para Gil Lavedra, el verdadero problema no reside en los derechos laborales ni en el fuero especializado, sino en el deterioro económico y la caída abrupta del nivel de actividad, factores señalados incluso por entidades empresarias como la UIA. “Atribuir la pérdida de empleo a la existencia de derechos laborales no solo es erróneo, sino profundamente regresivo”, advierte el documento, subrayando que esta narrativa invisibiliza la responsabilidad política y económica de la crisis.

El CPACF también apunta a la demora excesiva en los procesos judiciales, que erosiona el sentido mismo de la reparación laboral. En este punto, el diagnóstico es contundente: la lentitud no es culpa de jueces ni abogados, sino de la falta de voluntad política para cubrir vacantes y dictar normas que agilicen los trámites. La defensa del Fuero Laboral, entonces, no es solo una cuestión corporativa, sino una posición frente a un clima político que busca flexibilizar derechos bajo el argumento de la eficiencia.

En el trasfondo, la disputa por el sentido común: mientras un sector del poder político y económico insiste en instalar que el problema del empleo se resuelve debilitando derechos, los datos del CPACF muestran que ese camino se apoya más en mitos que en realidades. Y como toda narrativa política, el mito no necesita números para funcionar, pero sí para ser desmontado.