Gas envasado sin control estatal: Milei entrega precios, oferta y demanda al libre juego del mercado

El Decreto 446/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, redefine de manera profunda el esquema regulatorio que regía la industria del gas licuado de petróleo (GLP) en la Argentina.

En otro paso firme dentro de su hoja de ruta ultraliberal, el gobierno de Javier Milei avanzó en la desregulación del mercado de gas envasado, liberando precios, oferta y demanda al vaivén de la competencia privada y retirando cualquier rol de control estatal más allá de la fiscalización de la seguridad.

En la práctica, la Secretaría de Energía dejará de autorizar precios, controlar la oferta o establecer cupos de demanda, y su tarea se limitará únicamente a verificar que las condiciones de seguridad sean respetadas. El resto —según la visión oficial— quedará en manos del “mercado libre y competitivo”, al que se le adjudica la presunta capacidad de asignar recursos de manera más eficiente y garantizar un abastecimiento de bajo costo para los consumidores.

El Gobierno argumenta que la intervención estatal previa había derivado en “sobrerregulación”, distorsiones y sobrecostos que, paradójicamente, terminaron impactando en el bolsillo de los usuarios. Bajo esta premisa, el nuevo esquema elimina, por ejemplo, la obligación de pedir permiso para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes. Bastará con presentar la documentación pertinente y, si la autoridad no responde en diez días hábiles, se considerará aprobada la habilitación.

También se flexibilizan las condiciones de los envases: se crea un parque común, se habilita el envasado sin restricciones de marca y se facilita el uso compartido mediante contratos entre privados. Incluso las importaciones de GLP quedarán liberadas, con la única condición de respetar las normas vigentes y asegurar el abastecimiento interno antes de habilitar exportaciones.

El planteo gubernamental es consistente con la visión de Milei de retirar al Estado de toda función regulatoria salvo la mínima indispensable. Pero el entusiasmo por la “mano invisible” del mercado contrasta con los interrogantes sobre el impacto social de la medida: en la Argentina, el gas envasado es esencial para millones de hogares, especialmente en zonas rurales y barrios populares sin red de gas natural.

Dejar el precio y la oferta del GLP librados a la puja de privados podría derivar en aumentos descontrolados, concentración de operadores o directamente desabastecimiento en áreas donde no resulte rentable proveer. El Gobierno parece confiar en que la competencia se ocupará de resolver estos problemas, pero la experiencia histórica argentina en materia energética muestra que los mercados desregulados no siempre garantizan acceso ni precios justos para sectores vulnerables.

Al correrse del control económico y abandonar la capacidad de intervenir en la formación de precios, el Estado resigna una herramienta clave de protección social. En nombre de la libertad de mercado, el riesgo es dejar sin resguardo a familias de bajos recursos que dependen del gas envasado como única fuente de energía para cocinar o calefaccionarse.

El tiempo dirá si la desregulación es capaz de bajar los precios como promete el discurso oficial, o si por el contrario abre la puerta a un negocio dominado por pocos actores y con valores inaccesibles para amplias franjas de la población. Entre la teoría del libre mercado y la realidad concreta de las familias argentinas existe un abismo que, una vez más, podría pagarse con mayor desigualdad.